Mientras la clase política se desgasta debatiendo una acusación constitucional contra un ministro que ya soltó el barco, el país sigue sin poner ojo en lo que realmente importa. La política chilena se ha convertido en un ave de paso: reacciona ante lo que está de moda, pero se hace la lesa ante los problemas estructurales que están moldeando el futuro de nuestra sociedad, sobre todo el de las cabras y cabros jóvenes. Uno de esos temitas urgentes es el uso excesivo de celulares y redes sociales.
No es solo un problema de casa, es, de verdad, un tema grave de salud pública y convivencia. Y cuando la violencia juvenil o los problemas emocionales se desatan, nos sorprendemos como si no tuviéramos idea.
Las empresas de tecnología no están por el bienestar de sus usuarios: su negocio es mantenernos pegados a la pantalla el mayor tiempo posible. Cada segundo que pasamos online genera datos y lucas. La economía digital se construye sobre la atracción de nuestra atención, que hoy se ha convertido en un producto. Los algoritmos no fomentan la reflexión ni el bienestar, sino que alimentan la adrenalina, la rabia y la comparación social. Los jóvenes —con sus cerebros en pleno desarrollo— son los que más sufren esta adicción, impulsada por un lobby global que no quiere que se les ponga regulaciones.
Las cifras son de miedo. En Chile, los muchachos pasan más de cuatro horas diarias metidos en redes sociales fuera del horario de clases. Casi el 40% duerme menos de las ocho horas que se recomiendan, y eso afecta la memoria, la concentración y cómo se sienten emocionalmente. En paralelo, las consultas por salud mental relacionadas con ansiedad y depresión juvenil han subido entre un 30% y un 50% en la última década. La relación es demasiado evidente como para seguir haciéndose el leso.
Mientras tanto, otros países ya están tomando acciones. Finlandia ha limitado el uso de celulares en escuelas y ha empoderado a los profs para que los retiren durante las clases. Australia ha puesto una edad mínima de 16 años para abrir cuentas en redes sociales y castiga a las plataformas que no verifican la edad de sus usuarios. En Japón, varios gobiernos locales han puesto límites al tiempo de uso recreativo y promueven la supervisión de los papás. En Noruega, las escuelas “sin celulares” reportan un 60% menos de consultas psicológicas y mejoras notables en el rendimiento escolar.
En Chile, en cambio, seguimos discutiendo quién grita más en el Congreso, mientras crece una generación expuesta a una forma silenciosa de deterioro cognitivo y emocional. No se trata de prohibir la tecnología, sino de regularla con responsabilidad, como se ha hecho con el tabaco o el alcohol.
Es urgente una política de Estado que contemple al menos cuatro ejes:
-
Regulación escolar: acotar el uso de celulares durante la jornada escolar.
-
Educación digital y emocional: tanto en las familias como en las escuelas.
-
Responsabilidad algorítmica y verificación de edad: exigir a las plataformas que cuiden a los menores.
-
Monitoreo de salud mental juvenil: con datos abiertos y políticas públicas basadas en evidencia.
Mientras la política chilena siga atrapada en el corto plazo, reaccionando solo ante los temas que provocan rabia o miedo, estaremos postergando lo verdaderamente esencial: proteger la mente y el futuro de nuestra juventud.
El impacto del uso excesivo de redes y pantallas no es una moda ni un tema moralista. Es una crisis de salud pública y convivencia, y cuanto más pronto lo entendamos, mayores serán nuestras chances de evitar que una generación quede dañada para siempre.
Por Marcelo Trivelli
Con Información de portalmetropolitano.cl