Un informe de la Contraloría General de la República expone vulnerabilidades en cárceles, control de armas, drogas y fronteras que representan riesgos directos para la seguridad pública.
La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido una alerta significativa sobre el funcionamiento de áreas clave del Estado relacionadas con la seguridad pública, tras identificar fallas graves y recurrentes en las cárceles, el control de armas, la gestión de drogas y en los procedimientos policiales.
El Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N°1 de 2025, elaborado por la División de Fiscalización, compila hallazgos de 62 auditorías realizadas entre enero de 2023 y julio de 2025, muchos de ellos clasificados como reservados debido a su contenido sensible. El informe revela riesgos sistémicos que ponen en jaque la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado.
En el ámbito penitenciario, la CGR constató que apenas 10 de los 79 recintos cerrados del país tienen sistemas para inhibir la señal celular, lo que representa un 12,7%. Además, la auditoría encontró problemas con la activación de estos sistemas, períodos sin bloqueo efectivo y la posibilidad de conexión a través de WiFi, lo que debilita el control interno. También se destacó la falta de planificación en allanamientos: durante 2024, 70 cárceles no realizaron procedimientos ordinarios.
El informe también registró ingresos irregulares a los recintos penitenciarios, revelando que 1.279 internos recibieron visitas pese a tener prohibición y que 1.539 personas accedieron a cárceles estando vetadas, incluyendo a 479 individuos que se presentaron como abogados privados sin validación profesional.
Las deficiencias se extienden a los controles fronterizos y policiales. Funcionarios del Ejército y de Carabineros realizaban sus labores sin los exámenes médicos requeridos, sin certificaciones de combate y con capacidades limitadas para tareas de soberanía. Asimismo, no se llevaron a cabo patrullajes ni visitas a hitos fronterizos establecidos por ley, y el Estado carece de un registro centralizado de ingresos irregulares al país.
Respecto al orden público, la CGR identificó vehículos policiales con cámaras inoperativas y funcionarios asignados a tareas sensibles sin evaluaciones psicológicas actuales, así como carencias en la certificación para el uso de armas menos letales. Además, se detectó que 144 personas con órdenes judiciales activas fueron revisadas sin ser detenidas, y 626 vehículos robados no fueron recuperados.
La situación en el control de armas y municiones es igualmente preocupante. En instituciones como la PDI, Gendarmería y la Armada de Chile, la Contraloría halló falta de trazabilidad, registros incompletos y ausencia de respaldo administrativo. En la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), se identificó que personas con condenas activas mantenían armas inscritas, además de irregularidades en la adquisición de municiones y armas asociadas a fallecidos.
Uno de los aspectos más críticos está relacionado con la incautación y destrucción de drogas. La CGR reportó retrasos de hasta 288 días en la entrega de actas y cadenas de custodia, variaciones de peso de hasta 32 kilos entre los registros policiales y sanitarios, así como la falta de parámetros estandarizados para validar estas diferencias. También se encontraron retrasos de hasta 189 días en la destrucción de sustancias, cuando la ley establece un máximo de 15 días.
El informe incluye observaciones sobre hospitales y farmacias, donde se encontraron medicamentos controlados vencidos, deficiencias en la seguridad y más de 33 mil documentos pendientes de revisión en el Instituto de Salud Pública (ISP).
Con base en estos hallazgos, la Contraloría General de la República ha instruido 3 procedimientos disciplinarios directos y ha iniciado 35 procesos sumariales. También ha remitido 9 informes al Ministerio Público, algunos de los cuales han sido enviados al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía de Aviación. La CGR advierte que las deficiencias detectadas no son incidentes aislados, sino patrones reiterados que comprometen tanto la seguridad pública como la integridad institucional.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
