La decisión de liberar a Alberto Mejía, presunto sicario vinculado al asesinato de José Reyes Ossa, ha generado repercusiones en el ámbito del Poder Judicial. La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, ha decidido suspender de sus funciones a la jueza Irene Rodríguez mientras se lleva a cabo un sumario disciplinario para investigar lo sucedido.
La investigación, que comenzó el 15 de julio, tiene como objetivo determinar las responsabilidades detrás de la polémica serie de errores que permitieron la salida del país del acusado, quien utilizó una identidad falsa y actualmente se encuentra prófugo, con una alerta roja de Interpol vigente en su contra.
De acuerdo con información de radio Bío Bío, Carrasco —quien dirige la investigación ordenada por la Corte de Apelaciones— decidió suspender a Rodríguez como medida cautelar mientras el proceso avanza. Fuentes del caso confirmaron que, además de Rodríguez, otra funcionaria del Poder Judicial ha sido apartada, aunque su identidad y puesto no han sido revelados.
Este incidente ha puesto de manifiesto graves fallas en la coordinación entre las instituciones. Tras la identificación errónea de Mejía, se emitieron dos oficios: uno revocando su prisión preventiva y otro corrigiendo su nombre y ordenando su reingreso. Sin embargo, a pesar de esta última orden, Gendarmería dejó en libertad al acusado.
Desde su liberación, el historial del imputado ha suscitado aún más inquietudes. Se ha dado a conocer que pagó más de 2,5 millones de pesos para viajar desde Estación Central a Iquique, y luego cruzó la frontera hacia Perú. Hasta el momento, no hay registros oficiales sobre su paradero.
Con la investigación en marcha y las acciones disciplinarias implementadas, el Poder Judicial busca atender las críticas por un procedimiento que permitió que uno de los principales sospechosos en un caso de sicariato se fugara del país.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
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