Por Cristian Álvarez
Este martes, ante las acusaciones de la Oposición sobre la permanencia de funcionarios del actual Gobierno en el próximo periodo presidencial, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, se refirió a la controversia y abordó varios aspectos sobre el futuro laboral de los trabajadores públicos. Este dirigente sindical negó que exista una «Ley de Amarre» y sostuvo que lo que se busca es clarificar legalmente la continuidad de sus asociados en el Estado. Además, expresó su apoyo a disminuir la cantidad de funcionarios de confianza, aunque pidió “respeto” por el tono de las discusiones, mencionando que ciertas opiniones pueden generar “rabia y malestar”, mientras la Oposición continúa cuestionando.
Siempre, al inicio o al final de un periodo presidencial, hay ciertos temores entre los trabajadores. Algunos se verán afectados por la confianza política, otros por decisiones de las nuevas autoridades, y probablemente algunos paguen justos por pecadores. Debido a esta falta de distinción, es vital definir bien quién se queda y quién se va. Así que lo mejor es tener calma para resolver la situación. Este martes, en medio de la polémica por los supuestos “amarres” de funcionarios del actual Gobierno, la ANEF, a través de sus líderes, pidió respeto por sus asociados, ante el debate y los calificativos que han surgido.
Esta tarde, tras participar en la ceremonia del premio “Manuel Bustos Huerta”, donde el Presidente Gabriel Boric reconoció a los históricos dirigentes sindicales Luis Fuentealba y Olimpia Riveros, José Pérez, el presidente de la ANEF, comentó sobre los alcances de esta controversia. Los artículos cuestionados sobre el futuro laboral de los empleados fiscales son parte del proyecto de Ley de Reajuste de Sueldos, firmado hace algunas semanas. Pérez indicó que no es una “Ley de Amarre” como acusa la Oposición, sino una clarificación de las condiciones laborales en el Estado: “Primero, descartar que existe una ‘Ley de Amarre’; la única ley de amarre fue en la Dictadura, en el año 89 y primeros meses del 90. Lo que hacemos hoy es trabajo sindical, en un diálogo social con el actual Gobierno, que incluye el reajuste salarial para todos los funcionarios, incluyendo las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. Además, siempre hemos resaltado la importancia de la estabilidad laboral. Todos los que tenemos un sueldo, sea público o privado, debemos tener seguridad laboral”, dijo este líder sindical.
Consultado por el tono del debate, Pérez pidió especialmente a los dirigentes y parlamentarios de la actual oposición evitar confundir a la ciudadanía. Además, señaló que es necesario reducir la cantidad de funcionarios de confianza de las autoridades: “Cuando algunos representantes del Gobierno electo, que son voceros y confunden a la ciudadanía, son irresponsables cuando hacen creer que los funcionarios públicos que vamos a quedarnos somos amigos de alguien de turno. Eso es falso. Cada gobierno, por ley, debe nombrar ministros, subsecretarios, jefes de servicio y asesores, más de 4 mil cargos. Lo que se está negociando con el Gobierno en este reajuste es, incluso, reducir esos cargos, lo que me parece sano para la democracia”, señaló. También pidió respeto para quienes brindan servicios en distintas reparticiones públicas, ajenas a estas disputas políticas: “Invitamos a los líderes de los partidos que nos han ofendido a no generar violencia en su lenguaje, porque eso solo crea rabia y frustración en la ciudadanía. Nosotros somos quienes atendemos a la gente en catástrofes naturales y pandemias, somos parte del Estado y merecemos respeto. Pedimos apoyo con este proyecto, que incluso tuvo respaldo de parlamentarios de todos los partidos”, agregó.
Desde la Oposición, mantienen sus críticas a estas propuestas, acusando un supuesto aseguramiento laboral de funcionarios cercanos a las actuales fuerzas del Gobierno para el próximo periodo. Renovación Nacional, en una declaración pública, rechazó esta intención, afirmando que “constituyen un intento inaceptable y desesperado de perpetuar su influencia y condicionar a la próxima administración”. Por otro lado, desde la UDI, los diputados Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri argumentaron que hay un “empoderamiento” de los dirigentes sindicales, lo que para ellos representa un “privilegio” para un “grupo muy reducido”. Asimismo, el presidente electo de Ecuador, José Antonio Kast, calificó de “señal equivocada” discutir estos temas y mencionó las urgencias sociales del país, afirmando que no se trató con Boric cuando se reunieron tras su elección. Este proyecto aún no ha sido votado en el Parlamento.
Con Información de radioportales.cl
