Un reporte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) reveló que alrededor de 21 mil sumarios administrativos por el uso indebido de licencias médicas en el sector público siguen en proceso, de un total de 22.954 investigaciones iniciadas. Hasta ahora, solo 2.160 tienen resolución, y 562 han sido ejecutoriadas. Además, el número de funcionarios involucrados asciende a 28 mil.
De acuerdo con la entidad, de estos 28 mil funcionarios, más de 23 mil permanecen activos en sus puestos, mientras que 4.888 han sido removidos; no obstante, 2.670 de estos aún tienen sumarios en curso.
Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO INMUNE, señala que “la velocidad en la tramitación y cierre de los sumarios administrativos muestra una brecha notable entre el inicio de los procedimientos y su resolución final. Menos del 10% de los casos llega a una resolución, y solo un 2,4% está completamente cerrado, mientras que cerca de 21 mil expedientes continúan en proceso. Esto indica un bajo nivel de cierre efectivo de los procesos”.
“Un ejemplo es el caso de un funcionario público que viajó al extranjero mientras contaba con licencia médica. Aunque los hechos ocurrieron hace varios años, el servicio solo tuvo conocimiento de la situación a través de un informe de la Contraloría, y el sumario se inició cuando ya se había agotado gran parte del plazo legal disponible. Esto deja poco tiempo para investigar y, eventualmente, sancionar, donde un retraso adicional puede impedir la aplicación de una medida disciplinaria”, ilustra Rodrigo sobre este proceso.
Además, señala que la discrepancia entre el número de funcionarios involucrados y los sumarios activos se debe a factores como el alto número de implicados en múltiples sumarios, la acumulación de causas, las distintas fases procesales, las reaperturas y derivaciones internas, y los sumarios resueltos que aún contabilizan a ciertos funcionarios.
“Esta diferencia no es una inconsistencia, sino que refleja la estructura del proceso disciplinario, donde el sumario es la unidad procedimental y el funcionario, la unidad individual de responsabilidad”, subraya Varela.
En la firma advierten que esta situación limita la capacidad operativa y de gestión del sistema disciplinario, ya sea por falta de recursos, la complejidad de los procedimientos o la acumulación de casos. “La extensión de los plazos afecta negativamente la eficiencia administrativa, el debido proceso y la oportunidad para aplicar medidas correctivas, generando riesgos de prescripción, congestión institucional y debilitando el efecto disuasivo de los sumarios”, enfatiza Varela, quien añade que es imperativo fortalecer la gestión, priorización y cierre de los procedimientos disciplinarios.
“Cuando se llega a un punto en el que 28 mil funcionarios están involucrados en investigaciones por mal uso de licencias médicas, ya no se trata de casos aislados, sino de un claro indicio de que los controles existentes han sido insuficientes. Un mayor control no solo ayudaría a identificar irregularidades a tiempo, sino que también desincentivaría estas prácticas, estableciendo que existen consecuencias reales”, afirma Rodrigo Varela.
Causas de sumarios sin resolver
Entre los factores que contribuyen a la demora en la resolución de los sumarios se encuentran la sobrecarga del sistema y la limitada capacidad operativa; la extensión y formalización excesiva de los procedimientos, la falta de personal especializado, las dificultades en la recolección de pruebas y la coordinación interinstitucional, y los escasos incentivos para el cierre inmediato de los sumarios.
“En conjunto, estas deficiencias explican por qué una parte considerable de los sumarios sigue activa y refuerzan la necesidad de modernizar el sistema disciplinario, mediante mejoras en la gestión, recursos, digitalización y control de plazos”, destaca Rodrigo Varela.
El aumento a 28 mil funcionarios investigados por el Estado por el uso indebido de licencias médicas sugiere una diseminación del incumplimiento, un riesgo significativo para la probidad administrativa, y refleja fallas en los controles preventivos y correctivos.
“En conclusión, el aumento a 28 mil funcionarios eleva esta problemática de una simple cuestión administrativa a una situación estructural, que requiere respuestas sistémicas, coordinadas y oportunas para restaurar estándares de cumplimiento y control en el sector público”, concluye el gerente legal de ALTO INMUNE.
Con Información de osornoenlared.cl
