El Gobernador Regional de Los Lagos, Alejandro Santana, ha señalado que el Gobierno Regional atraviesa “su peor crisis financiera desde su fundación en 1994”, a causa del retraso en las transferencias del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Actualmente, el monto en transferencias pendientes asciende a 26 mil millones de pesos.
Santana informó que parte de su equipo se encuentra en Santiago en conversaciones con la DIPRES, esperando claridad sobre la cantidad que será transferida antes del 31 de diciembre. “No conocemos esa cifra, pero estimamos que no debería ser mayor a 6 mil millones; ojalá fuese más”, dijo, advirtiendo que esta situación aumentaría la deuda flotante acumulada en años anteriores.
El gobernador destacó un grave incumplimiento por parte del Ejecutivo: “El gobierno no solo ha intervenido en los asuntos de los gobiernos regionales, sino que también ha fallado en su obligación de transferir los recursos prometidos para proyectos de obras e infraestructura”. Mencionó que hay 2.500 millones de pesos pendientes para el Fondo Comunidad y 11 mil millones comprometidos en proyectos en curso “que no se podrán llevar a cabo sin esos recursos”.
Señaló que habían anticipado este riesgo hace cuatro meses y, a pesar de las gestiones de consejeros regionales y de las discusiones en el Congreso durante la aprobación de la Ley de Presupuestos, “nada logró evitar la acumulación de deuda flotante”. Criticó duramente a la DIPRES: “Ha faltado a la verdad al comprometer que esta situación no ocurriría”.
El Gobernador advirtió que esta situación impactará la planificación para 2025 y 2026, recordando que el presupuesto regional ya ha sufrido una reducción real del 2,4%, tras una propuesta inicial del Ejecutivo que buscaba un recorte del 13%.
Como respuesta a este panorama financiero, Santana confirmó que cuatro proyectos previamente aprobados en comisión han sido retirados para evitar aprobar iniciativas sin financiamiento asegurado. Además, indicó que el programa de transporte mayor para Puerto Varas ha sido pospuesto tres años, extendiendo su ejecución de 2031 a 2034, debido a la falta de recursos durante los primeros dos años y medio.
Santana no descarta acciones más drásticas y está evaluando responsabilidades institucionales: “Esto podría llevarnos a considerar una acusación constitucional; no puede quedar sin sanción el incumplimiento de la ley de presupuestos y las obligaciones financieras con un ente autónomo”. También esperan pronunciamientos de la Contraloría y posiblemente del Tribunal Constitucional.
Finalmente, solicitó al Gobierno central que aclare el monto exacto que no será transferido. “Lo mínimo que exigimos es saber cuántos recursos no se destinarán, para evitar generar falsas expectativas sobre la aprobación de proyectos que después no podremos financiar”, concluyó.
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