La acusación constitucional presentada por diputados de la oposición, encabezados por los socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, consta de tres capítulos y se relaciona con la trama bielorrusa, así como otros conflictos.
Además de Cicardini y Manouchehri, también firman el libelo los diputados Arturo Barrios (PS), Luis Cuello (PC), Ana María Gazmuri (AH), Daniel Melo (PS), Emilia Nuyado (PS), Lorena Pizarro (PC), Matías Ramírez (PC), Leonardo Soto (PS) y Carolina Tello (FA).
El primer capítulo alega que Simpertigue incumplió de manera significativa su deber de probidad, abstención e imparcialidad en la causa BelAz Movitec, argumentando que el ministro intervino en decisiones relacionadas con este consorcio bielorruso.
Las resoluciones de la Corte Suprema beneficiaron al consorcio en su disputa con Codelco, con montos superiores a los $11 mil millones, en un contexto donde Simpertigue tenía vínculos personales con los abogados de la parte contraria, Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña, quienes están actualmente imputados por cohecho y lavado de activos en el “Caso Audios”.
El segundo capítulo señala un notable abandono del deber de probidad debido a conflictos de interés en nombramientos notariales. La acusación indica que el ministro «permitió que su hijastro fuera designado notario interino en una de las notarías más rentables de la jurisdicción, mientras él supervisaba a la Corte de Apelaciones de San Miguel».
El tercer capítulo lo acusa de violar el deber de abstención, imparcialidad y probidad en relación con el caso Fundamenta. Se señala que Simpertigue participó en la resolución del proyecto EcoEgaña, beneficiando a Inmobiliaria Fundamenta.
Posteriormente, el ministro realizó un crucero con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes representan al consorcio y están en prisión preventiva. “La coincidencia temporal entre el fallo, los pagos investigados y el viaje compartido con los abogados refuerza la existencia de un vínculo social estrecho”, argumenta el texto de la acusación.
Luego de la presentación del libelo, la comisión revisora está formada por las diputadas Mónica Arce (ind.) y Maite Orsini (FA), y los diputados Álvaro Carter (ind.), Cosme Mellado (PR) y Marco Antonio Sulantay (UDI).
A partir de este lunes, comienza un plazo de tres días para que la Cámara notifique al ministro Simpertigue, ya sea en forma personal o por cédula. Una vez notificado, tendrá diez días para presentarse ante la comisión responsable de la acusación, ya sea de manera personal o por escrito.
A continuación, la comisión especial contará con seis días para estudiar la acusación y emitir un pronunciamiento, el cual será posteriormente remitido a la Sala.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
