El pasado jueves se llevó a cabo la séptima jornada de formalización del caso conocido como “Operación Apocalipsis”, una investigación que destapó una red de corrupción dentro de Gendarmería, en la que se apuntó que funcionarios habrían ignorado protocolos de seguridad para facilitar el ingreso de objetos prohibidos y visitas irregulares a centros penitenciarios.
En este marco, las defensas de los acusados presentaron recursos de amparo contra el juez del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago, Francisco Ramos, señalando que su actuación ha sido calificada como ilegal y arbitraria durante el desarrollo del proceso.
«El recurso de amparo interpuesto por la mayoría de los defensores se refiere a las diversas irregularidades que han surgido durante el proceso, como la falta de acceso directo de la defensa a sus representados, la imposibilidad de intervenir debido a micrófonos apagados, y el abandono de defensa en casos que consideramos inapropiados, entre otros aspectos«, explicó María Ignacia Becerra, abogada de cinco de los imputados.
La abogada agregó que «esta situación sigue pendiente de resolución en la Corte. Entiendo que ya se ha solicitado un informe al tribunal para que el juez Ramos explique las supuestas infracciones ocurridas.
En la actualidad, el caso involucra a 70 imputados, de los cuales ocho tienen medidas cautelares decretadas: seis están bajo arresto domiciliario total y dos en prisión preventiva. Además, el Ministerio Público ha solicitado la medida más severa para el resto de los involucrados.
Asimismo, otros 15 acusados han aceptado la prisión preventiva a cambio de posibles beneficios procesales, y hoy, tres defensas más han accedido a la misma medida para sus representados. El resto de los acusados sigue argumentando en su defensa para evitar el encarcelamiento y optar por medidas cautelares menos severas.
Desde un ámbito técnico, Mario Espinosa, director legal de Grupo Defensa, profundizó en los fundamentos de los recursos presentados. «Se acusa al juez Francisco Ramos de un proceder ilegal y arbitrario al impedir entrevistas privadas entre defensores e imputados, limitar las intervenciones de los abogados y mantener condiciones que, según el recurso, afectan la inmediación y el debido proceso», indicó.
De igual manera, afirmó que «se solicita que se anule todo lo actuado en la audiencia, que se ordene su repetición ante otro juez y que se restablezca el imperio de la ley antes de que se tomen decisiones como la prisión preventiva. Esto parece ser una estrategia de las defensas para impedir la decisión sobre las medidas cautelares, ya que existe una alta probabilidad de que se dicte prisión preventiva en su contra».
Otro punto importante de la jornada fue el regreso del abogado defensor Benjamín Escobar, a quien previamente se le había impedido ejercer su función por una supuesta llegada tardía. Tras presentar los recursos correspondientes, el abogado fue reinstalado en la defensa de sus clientes.
Debido a la duración de la audiencia y al gran número de intervinientes, se espera que la formalización continúe hasta mañana, jornada en la que se determinarán finalmente las medidas cautelares para todos los acusados.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
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