La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección presentado contra la Tesorería Regional, que había notificado el inicio de procedimientos de cobro del crédito con garantía estatal (CAE) bajo apercibimiento de embargo.
En una decisión unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Juana Ríos Meza, Héctor Gutiérrez Massardo y la abogada (i) Paula Lepe Caiconte, determinó que la cobranza pretendida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, garantía consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Según el tribunal de alzada, “el accionar de la recurrida lesiona la garantía consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues obliga al recurrente a someterse a un procedimiento que resulta altamente restrictivo en cuanto al ejercicio de derechos procesales, que aquel ejecutivo establecido en las reglas generales y a que debe someterse el cobro de los créditos ordinarios”.
En consecuencia, el tribunal resolvió acoger la acción constitucional de protección interpuesta por F.F.G.V. y dejó sin efecto el procedimiento de cobro de la Tesorería Regional de Arica y Parinacota.
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