La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó en la madrugada del miércoles el proyecto de Reconstrucción Nacional por mayoría. Los senadores Ricardo Celis del PPD y Alfonso De Urresti del PS se retiraron de la sesión y anunciaron reserva de constitucionalidad, acción a la que se sumó el senador Diego Ibáñez del Frente Amplio.
Los parlamentarios indicaron que presentarán una reserva de constitucionalidad respecto de los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 que modifican el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los cuales abordan la restitución de gastos por la anulación judicial de una resolución de calificación ambiental (RCA).
De acuerdo con los senadores, el articulado en cuestión permite la apertura a normas que comprometen el equilibrio adecuado entre el desarrollo de proyectos, la protección del interés público y el respeto por las competencias de los tribunales y de los órganos del Estado.
La reserva se fundamenta en una eventual infracción a los artículos de la Constitución relacionados con el debido proceso, la igualdad ante las cargas públicas, la responsabilidad del Estado y la independencia y atribuciones de los tribunales de justicia.
El senador Celis expresó que “cuando ha llegado la hora de finalmente conversar sobre la indemnización a resoluciones de calificación ambiental recalificadas negativamente, incluso por los tribunales ambientales, el gobierno y el oficialismo han hecho una martingala de indicaciones, situaciones, reposiciones, mostrando cierta improvisación”.
Añadió que “como nosotros no estamos dispuestos a un juego supuestamente democrático, nos hemos retirado porque no tenemos la disposición ni la disponibilidad para un ejercicio de esa naturaleza, antidemocrático, poco transparente, poco claro, y además hicimos reserva de constitucionalidad”.
El senador De Urresti señaló que “lamentamos que la discusión extensa termine con una improvisación, una más del ministro de Hacienda, cambiando por quinta vez el texto de la norma que dice relación con la devolución de los gastos en caso de revocación de resolución de calificación ambiental, en una situación absolutamente reñida con el reglamento de esta corporación, ante la incapacidad de lograr acuerdos, de lograr avances y poder convencer”.
Por su parte, el senador Ibáñez argumentó que “el ministro Quiroz ha hecho una serie de triquiñuelas. Nosotros nos hemos retirado de la comisión y hemos manifestado que es abiertamente inconstitucional esta norma, que pretende construir un seguro privado torciendo el derecho público, estableciendo una trampa para que se beneficien los inversores de proyectos cuando se les anula una resolución de calificación ambiental. Un seguro privado con fondos públicos ocupando y torciendo el derecho público, y eso justamente es una falta grave a la constitución”.
Con Información de www.lanacion.cl
