Con 89 votos a favor, 34 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó y remitió al Senado el proyecto denominado “Ordenemos la cuenta”. La iniciativa tiene como objetivo estabilizar las tarifas eléctricas, ampliar el subsidio y cancelar la deuda acumulada con las empresas distribuidoras desde la pandemia.
Durante la sesión, la ministra de Energía, Ximena Rincón, expresó que “asumimos el desafío de resolver un problema heredado, lo asumimos de manera transversal con todas y con todos. Yo quiero agradecerle al presidente de la comisión, el diputado Tapia, el liderazgo y el trabajo que efectuó en este tiempo. Y a todos los miembros de la misma, de manera responsable, seria”.
El Ejecutivo propone como primer eje del proyecto la rebaja y certeza tarifaria. Este componente contempla la extensión del subsidio eléctrico para asistir a las familias de menor vulnerabilidad del país. Asimismo, incluye medidas de protección para los hogares de Los Ríos y Los Lagos, zonas donde las tarifas experimentarán un incremento significativo.
En su segundo eje, el proyecto busca regularizar las tarifas y saldar una deuda de $816 mil millones con las empresas del sector. Se propone cancelar la deuda del componente de distribución (VAD) correspondiente al periodo 2020-2024, que acumula 43 meses de retraso. Para ello, se plantea un mecanismo de pago gradual entre 2028 y 2035 que permita distribuir el impacto en el tiempo sin afectar presupuestos familiares.
Considerando que en 2028 el cargo por deuda con las generadoras disminuirá de 22 pesos por kilowatt-hora a 9 pesos por kilowatt-hora, la iniciativa propone establecer un cargo máximo de 5 pesos por kilowatt-hora. De esta manera se evitarían incrementos para los usuarios y se lograría una reducción total de 8 pesos por kilowatt-hora que se reflejaría en la factura de electricidad.
El segundo eje también considera el recálculo de la tarifa de transmisión, que acumula 28 meses de retraso desde su fecha de publicación prevista en enero de 2024, generando una nueva deuda. Para mitigar este impacto, el Ejecutivo propone extender el decreto tarifario vigente entre 2020 y 2023 hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir de 2029, el sistema operará con plazos definidos y sin atrasos, evitando nuevas deudas que impacten los presupuestos de las familias.
El tercer eje del proyecto de ley se orienta a proteger la seguridad y calidad del servicio eléctrico. Esta sección impulsa inversiones en zonas críticas y amplía las facultades de la autoridad para intervenir ante cualquier situación que amenace el suministro eléctrico, previniendo así déficits en las áreas afectadas.
Con Información de www.lanacion.cl
