Los residentes de Viña del Mar, organizados en el Comité de Acción Ciudadana Contra el Proyecto Inmobiliario Miraflores (CACPIM), han vuelto a manifestarse en contra de un ambicioso proyecto que plantea la construcción de cinco torres de 15 pisos con alrededor de 500 departamentos en la población Navarino.
Este conflicto se inició hace tres años, y los vecinos advierten que la llegada de más de 2,500 nuevos habitantes tendría graves consecuencias, incluyendo perjuicios y riesgos para toda la comunidad y el sector de Miraflores.
Los residentes también expresan preocupación por los posibles daños medioambientales, dado que el proyecto afectaría un área verde que alberga dos quebradas activas. Una de estas quebradas ya ha sido intervenida por otra inmobiliaria, lo que podría incrementar el riesgo de deslizamientos de tierra y aluviones.
Además, se encuentra el colegio Ana María Janer, situado cerca de una cantera donde se planea construir una de las torres. Los vecinos también temen un colapso en los servicios de alcantarillado y agua potable, que ya enfrentan significativos problemas en la actualidad.
Javier Alvarado, presidente del Comité de Acción Ciudadano Miraflores, explicó a Puranoticia.cl que «la mayor amenaza para las áreas aledañas y superiores es el colapso de la avenida Lusitania, que es una de las principales vías de evacuación del sector y se vería saturada por el incremento de población».
Ante estos desafíos, los vecinos llevaron su reivindicación a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que falló a su favor de manera contundente y unánime. Sin embargo, la inmobiliaria apeló a la Corte Suprema, donde, a pesar de los argumentos presentados, el fallo fue desfavorable para los residentes.
A pesar de que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar consideró el proyecto como «inviable» y otras entidades como Sernageomin, DOH y DGA alertaron sobre riesgos críticos de aluviones, deslizamientos e incendios, la construcción continúa avalada por el sistema judicial chileno.
Los vecinos han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares urgentes que detengan las obras y anulen los permisos otorgados al final de la gestión de la exalcaldesa Reginato, días antes de la renuncia del exdirector de Obras Municipales, Julio Ventura.
«La CIDH está revisando la información que hemos suministrado. Hemos recibido confirmación de que ha sido aceptada y pronto se espera que la Corte esté en condiciones de evaluar nuestra situación», comentó el líder vecinal.
Finalmente, los vecinos de Miraflores destacaron que su petición ante la CIDH se fundamenta, en parte, en cuestionamientos sobre la legitimidad ética de la resolución de la Corte Suprema del 8 de agosto de 2025 que favoreció a la inmobiliaria. Esta decisión fue redactada por el exministro Diego Simpertigue, quien fue destituido unánimemente por el Senado el 22 de diciembre pasado por «notable abandono de deberes» y falta de imparcialidad; además del ministro Jean Pierre Matus, quien actualmente está bajo investigación por vínculos con un sistema de influencias relacionado con el caso Hermosilla.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
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