Durante el debate sobre la modernización de servicios notariales, de archivos y registros, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó los avances de la reforma promulgada en septiembre. Su principal objetivo es asegurar procesos más transparentes y alejados de influencias políticas. Esta iniciativa surge en respuesta a situaciones que han generado preocupación pública, como la denominada “trama bielorrusa” y casos polémicos en oficinas locales, incluyendo el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto.

Gajardo enfatizó que la aprobación de esta normativa es el resultado de un prolongado proceso legislativo. “Después de una extensa tramitación en el Congreso Nacional conseguimos aprobar una reforma que transforma significativamente el sistema de nombramiento”, explicó, añadiendo que anteriormente este mecanismo combinaba concursos del Poder Judicial con designaciones discrecionales del Ejecutivo. Con la nueva normativa, el proceso será gestionado por el Servicio Civil mediante concursos “objetivos basados en mérito y capacidades, abiertos a todos los postulantes que cumplan con los requisitos”.
El ministro subrayó que la implementación del nuevo sistema minimiza los márgenes de discrecionalidad y refuerza los criterios técnicos. “Si existe una diferencia significativa entre los puntajes, el nombramiento es inmediato. En caso contrario, el Ejecutivo recibirá una lista preconfeccionada y deberá justificar ampliamente si no nombra al primero de la lista”, detalló.
En cuanto a casos polémicos, como la designación de la hija del senador UDI Sergio Gahona en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto entre 2022 y 2023, Gajardo afirmó que la reforma incluye prohibiciones explícitas. “Ningún familiar directo de diputados, senadores, ministros o miembros de las altas cortes podrá ser nombrado. Esto elimina cualquier sospecha de interferencia política y asegura que los nombramientos se realicen por mérito”, declaró.
Asimismo, la normativa establece procedimientos internos para suplencias e inhabilidades aplicables a notarios, archiveros y conservadores, buscando fortalecer la legitimidad del sistema ante la ciudadanía. “La confianza en la justicia ha estado históricamente baja y recuperarla es vital para nuestra democracia. Esta reforma pretende garantizar que quienes ocupen estos cargos lleguen por su mérito y capacidad, y no por vínculos familiares o favoritismos”, aseguró.
Ante la pregunta sobre posibles responsabilidades por hechos ocurridos antes de la implementación de la ley, el ministro fue contundente: “El Ministerio Público debe investigar todos los ilícitos que puedan haber ocurrido, y aquellos responsables deberán rendir cuentas por sus actos. Esto es esencial para la credibilidad del sistema”.

Con esta reforma, el Gobierno busca establecer un estándar más riguroso y transparente en el nombramiento de notarios y conservadores, reduciendo las dudas y evitando la repetición de prácticas cuestionables. Se espera que estas medidas contribuyan al fortalecimiento institucional y a la recuperación de la confianza ciudadana en estos servicios esenciales.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
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