El caso denominado «Muñeca Bielorrusa» se reanudó este sábado en los tribunales con la segunda jornada de formalización contra Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Durante esta sesión, la Fiscalía presentó con detalle la manera en que se habrían implementado pagos ilegales y maniobras financieras para influir en sentencias de la Corte Suprema que favorecieron al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.
La audiencia tuvo lugar en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde el fiscal adjunto de la Región de Los Lagos, Marco Muñoz, explicó el entramado de siete resoluciones judiciales emitidas entre 2023 y 2024 que beneficiaron al consorcio en disputas con Codelco, forzando a la empresa estatal a pagar más de $17.500 millones.
El Ministerio Público sostiene que todos esos fallos contaron con el apoyo de la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien supuestamente facilitó su intervención a cambio de compensaciones económicas gestionadas a través de su pareja, Gonzalo Migueles, junto a los abogados del consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos.
La Fiscalía alega que los acusados establecieron un sistema de pagos encubiertos que incluía transferencias bancarias, compra de divisas y contratos simulados para disimular el origen ilícito del dinero. El fiscal Muñoz detalló tres eventos financieros que conectan las decisiones judiciales con movimientos de dinero.
El primer caso, datado el 4 de julio de 2023, coincidió con un fallo favorable al consorcio y con transferencias de $79 millones al despacho de Vargas y Lagos, además de movimientos en dólares relacionados con Migueles. El segundo episodio tuvo lugar el 11 de diciembre del mismo año, cuando un nuevo fallo resultó en un pago de $4.400 millones desde Codelco. En ese momento, se detectaron $198 millones transferidos al mismo estudio y un giro posterior de $70 millones a Harold Pizarro, propietario de una casa de cambio, quien admitió haber convertido el dinero a dólares y entregarlo en efectivo en la oficina del abogado Eduardo Lagos.
El tercer flujo identificado corresponde al 14 de marzo de 2024, cuando Gonzalo Migueles recibió $45 millones en efectivo, parte de los cuales fueron depositados por intermediarios.
Según la Fiscalía, los registros de comunicación y la geolocalización ubican nuevamente a los implicados en el área donde operaba el estudio jurídico, en la comuna de Las Condes. Los allanamientos efectuados por Carabineros permitieron también la incautación de sumas significativas de dinero en efectivo, principalmente en dólares, en las viviendas y oficinas de los acusados.
El tribunal acordó que la audiencia continúe el lunes 10 de noviembre a las 09:00 horas, extendiéndose hasta las 17:00. En la primera sesión, el Ministerio Público ya había solicitado la prisión preventiva para los tres formalizados por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
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