La campaña senatorial de la diputada del Partido Socialista (PS) Daniella Cicardini se ha visto empañada por denuncias de presunto intervencionismo en la Municipalidad de Copiapó, liderada por su padre, el alcalde Maglio Cicardini.
Una querella reciente denuncia que puestos laborales en la municipalidad habrían sido ofrecidos como herramienta para asegurar apoyos políticos, en lugar de asignarse por mérito. Según la investigación, esta práctica podría constituir un caso de corrupción y tráfico de influencias dentro de la administración local.
Entre los antecedentes mencionados, se incluyen presuntas contrataciones de personas vinculadas al FREVS Atacama. Uno de los casos destacados es el de Patricio Alfaro, consejero regional del partido, quien habría sido favorecido con un cargo como encargado de deportes, sin contar con estudios profesionales relacionados, percibiendo una remuneración mensual superior a los dos millones de pesos.
Los cargos, financiados con recursos públicos, habrían sido negociados para obtener respaldo político, comprometiendo la neutralidad que debería regir en la gestión municipal. La asignación de empleos por lealtad política, en lugar de competencia profesional, pone en riesgo la eficiencia de los servicios que la Municipalidad debe entregar a la comunidad.
A esto se suma la investigación de Reportajes T13 realizada a inicios de octubre, donde se publicaron audios que mostraban al jefe de gabinete del municipio, Leonardo Jorquera, solicitando apoyo electoral a dirigentes sociales durante reuniones sobre beneficios comunitarios y proyectos locales. En uno de los registros, Jorquera vincula el avance de ayudas sociales al respaldo electoral, evidenciando cómo estas gestiones también favorecerían al alcalde y a la candidata.
Si se confirma, este supuesto trato constituiría un acto de corrupción, desviando recursos públicos hacia fines políticos y socavando la confianza ciudadana en la transparencia del sistema democrático.
