Este jueves, el comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, comunicó que un suboficial fue el responsable del disparo y actualmente está bajo custodia.
Más de 100 personas resultaron heridas en los últimos días, entre ellas policías y periodistas, mientras que distintos colectivos que impulsan las protestas afirman que continuarán en las calles hasta lograr la destitución de Jerí como presidente.
El nuevo mandatario manifestó que no tiene intención de renunciar y subrayó: «Mi responsabilidad es garantizar la estabilidad del país, comprometido con ello«.
Además, indicó que solicitará al Parlamento poderes especiales para enfrentar la delincuencia.
Sin embargo, la muerte de un manifestante ha evocado la situación de 2020 con Manuel Merino, quien tuvo que renunciar tras la muerte de dos manifestantes solo cinco días después de asumir el cargo.
Las autoridades parecen estar actuando de manera diferente esta vez, tal vez conscientes de que un descontento popular desmedido podría hacer que la presidencia de Jerí también sea efímera.
El sospechoso del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz fue detenido rápidamente, y el general Óscar Arriola ofreció sus condolencias a la familia, prometiendo una investigación «exhaustiva» y anunciando el relevo de los generales responsables del operativo policial en el centro de Lima el miércoles.
La cuestión es si Jerí podrá diferenciarse lo suficiente de Merino en 2020.
«Aunque su instinto de supervivencia lo lleve a distanciarse de un régimen impopular, Jerí no debe olvidar su propio origen«, escribió el columnista José Carlos Requena en El Comercio, refiriéndose a que las fuerzas que influyeron en el Congreso para que Jerí accediera a la presidencia parecen ser las mismas que apoyaron a Boluarte.
A pesar de las protestas de estudiantes y otros grupos en las calles, el presidente ha logrado resistir los movimientos de sus rivales, quienes no están dispuestos a darle un respiro.
El Congreso desestimó tramitar dos mociones de censura contra la mesa directiva del Parlamento.
La aprobación de una de estas mociones haría que Jerí tuviera que dejar la Presidencia, que ejerce como presidente del Congreso. Si pierde esa posición, también perderá la presidencia del país.
Aun así, el mandatario ha logrado hasta ahora evitar dicho riesgo.
La última votación resultó en 63 votos en contra y solo 20 a favor, lo que indica una posición aún relativamente fuerte en el Congreso.
Sin embargo, casos previos como el de Boluarte demuestran que esta situación puede cambiar en cuestión de horas en Perú.
Este mismo viernes, la congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, interpuso una denuncia constitucional contra Jerí, su primer ministro, Ernesto Álvarez, y su ministro del Interior, Vicente Tiburcio, por su presunta responsabilidad en la muerte del manifestante.
Pocos creen que esta será la última acción en contra de Jerí y su gobierno.
Jerí es el séptimo presidente de Perú en menos de diez años y asumió el cargo el 10 de octubre.
«UNA GUERRA CONTRA EL CRIMEN»
Aunque las protestas comenzaron durante el gobierno de Boluarte para exigir mejores pensiones y salarios para los jóvenes, rápidamente se ampliaron para abordar los principales problemas que afectan a los peruanos: criminalidad, corrupción y años de desilusión con el gobierno.
«El problema que nos afecta ahora es la delincuencia. El enemigo está en las calles«, declaró Jerí en su primer discurso como presidente ante el Congreso, prometiendo «una guerra contra el crimen«.
El presidente ha intentado proyectar una imagen de determinación ante el crimen en sus primeros días en funciones.
Pocas horas después de asumir su cargo, participó en una operación policial para confiscar teléfonos celulares en una prisión a las afueras de Lima.
Este mismo jueves, su primer ministro anunció que se decretará el estado de emergencia en toda la región metropolitana de Lima.
La creciente violencia criminal es una de las principales preocupaciones en Perú, con gran parte de la población y analistas responsabilizando a los dirigentes políticos de inacción, e incluso complicidad, frente a las bandas criminales.
Al anunciar la posibilidad de declarar el estado de emergencia en Lima, Ernesto Álvarez enfatizó que «no puede ser una medida superficial que no conduzca a resultados tangibles» y, aunque no descartó la implementación de otras medidas, como un toque de queda, señaló que «tendría que demostrarse, por parte del especialista que lo proponga, su efectividad real, considerando que la criminalidad ya no depende solo del horario nocturno».
Los gobiernos de Boluarte también utilizaron estados de emergencia y desplegaron las Fuerzas Armadas en amplias zonas del país para controlar el crimen organizado.
Los críticos señalan que son medidas que generan una sensación de acción sin ofrecer resultados concretos a medio plazo.
Durante el primer semestre de 2025, en Perú se registraron 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).
Solo en agosto pasado, ocurrieron 209 homicidios. Human Rights Watch ha advertido que Perú es uno de los países de la región donde más aumentan las muertes violentas.
Sin embargo, el delito que más preocupó durante la presidencia de Boluarte fue el de las extorsiones, que parecen haber aumentado esta problemática.
De acuerdo con un informe del Observatorio del Crimen Organizado y la Violencia, un organismo que analiza la delincuencia, en 2024 las denuncias fueron más del doble que las registradas en 2018.
Según las estadísticas policiales, cada día se presentan 75 denuncias por extorsión en Perú y se señala que el problema es probablemente mayor, dado que muchas víctimas evitan denunciar por temor a represalias de sus extorsionadores.
Los pequeños comercios y los transportistas son los más afectados. El Observatorio del Crimen y la Violencia estima que alrededor de 180 conductores de transporte urbano han sido asesinados este año por negarse a pagar extorsiones, lo que ha llevado a este sector a organizar protestas recurrentes para exigir respuestas del gobierno.
Varios factores, como el auge de la minería ilegal, laxitudes por parte del poder hacia la delincuencia, respuestas inadecuadas y populistas de los mandatarios, y una policía debilitada y sospechosa, están detrás de este incremento del crimen.
UN DESCONTENTO GENERACIONAL
Las protestas en Perú surgen en un contexto de revueltas que tienen lugar a nivel global, motivadas por el descontento generacional contra los gobiernos y la ira juvenil.
Nepal, Filipinas o Marruecos son algunos ejemplos de países donde han brotado protestas en las que los participantes se identifican como parte de la Generación Z, nacidos entre finales de los 90 y 2010.
En la plaza principal de Lima, David Tafur, un electricista de 27 años, comentó que decidió unirse a la manifestación tras conocerla en TikTok.
«Estamos luchando por lo mismo: contra los corruptos, que aquí también son asesinos«, declaró a la agencia AP, refiriéndose a las violentas protestas de 2022 y la represión gubernamental que resultó en 50 muertes.
Omar Coronel, experto en Movimientos Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, le dijo a BBC Mundo que «los que lideran las protestas son sobre todo jóvenes que están comenzando a entrar al mercado laboral y descubriendo las limitaciones y dificultades que se presentan«.
Los colectivos estudiantiles son de los más activos en esta ola de protestas, aunque también han participado jóvenes no universitarios.
Coronel explica que en los símbolos que utilizan durante las manifestaciones se percibe la influencia de la Generación Z, que son considerados «nativos digitales», porque no vivieron en un mundo anterior a la revolución de internet.
«Hemos visto muchas banderas y pancartas con la letra Z y también la bandera de la calavera pirata de One Piece, una serie de dibujos animados japoneses que presentan a protagonistas que luchan contra una dictadura global», señala Coronel.
Álvarez aún no se ha pronunciado al respecto, pero previamente comentó que la Generación Z de Perú es una «pandilla que busca asaltar la democracia» y que no representa a «los jóvenes que estudian y trabajan».
Algunos episodios de la trayectoria personal de Jerí también han contribuido al rechazo que siente por parte de ciertos sectores.
Un punto central es que el actual mandatario fue investigado tras ser acusado de violación por una mujer. La Fiscalía desestimó el caso en agosto, aunque las autoridades siguen investigando a otro hombre que estuvo con Jerí el día de la supuesta violación.
Durante las protestas, más de 20 mujeres gritaron «¡El violador es Jerí!» o «¡Jerí es un violín!», un término coloquial peruano donde «violín» significa violador.
Las manifestantes lanzaron petardos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y perdigones.
(Imagen: Caretas)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
Con Información de puranoticia.pnt.cl
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