Con la aprobación de las modificaciones en el segundo trámite, la Cámara de Diputados ha dado luz verde a la creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.
El proyecto, que ha finalizado su tramitación en el Congreso Nacional y ha sido despachado a ley, también establece la Defensoría de Víctimas de Delitos.
El Senado realizó varias enmiendas al texto original despachado en marzo de 2024, aunque no alteraron el contenido esencial de la propuesta. En general, las modificaciones sirvieron para complementar la redacción de la Cámara en aspectos específicos.
Asimismo, se incluyeron normas para fortalecer la institucionalidad que se establece. Por ejemplo, se añadió un apartado sobre los derechos de las víctimas de delitos, se reguló el proceso de reclamos de los usuarios contra el Servicio y se implementaron sanciones adicionales.
Las enmiendas del Senado fueron aprobadas de manera unánime en dos votaciones.
SERVICIO NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA
El nuevo servicio público será descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estará bajo la supervisión de la Presidenta de la República a través del Ministerio de Justicia, con sede en Santiago y oficinas regionales.
El objetivo del organismo es facilitar el acceso a la justicia, a través de:
- Orientación legal.
- Asesoría y representación jurídica para aquellos que no puedan procurarse asistencia o pertenezcan a grupos de especial protección.
- Apoyo psicológico y social, cuando sea necesario.
- Asesoría y representación jurídica para personas víctimas de delitos.
- Promoción e implementación de programas de mediación y resolución colaborativa de conflictos.
- Administración del sistema de mediación familiar.
Para ello, el Servicio desarrollará líneas de acción y programas orientados a satisfacer las necesidades de acceso a la justicia.
OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
Además, el texto define las funciones y atribuciones específicas de la entidad, así como su organización administrativa, personal, dirección nacional y regional, y patrimonio.
La propuesta establece que el organismo será, a todos los efectos legales, el sucesor y continuador de las corporaciones de asistencia judicial del país.
Asimismo, todas las personas que requieran información y orientación en temas jurídicos serán usuarios de esta unidad. También se les brindará asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurarse este servicio o pertenezcan a grupos de especial protección. Igualmente, las víctimas de delitos podrán solicitar asesoría y representación jurídica, así como apoyo social y psicológico.
Con respecto a la Defensoría de Víctimas de Delitos, se aclara que el Servicio deberá proporcionar:
- Información y asesoría sobre sus derechos y cómo ejercerlos.
- Asesoría e información acerca de las medidas cautelares y de protección que pueden solicitar al fiscal, así como su seguimiento, tanto de aquellas que el fiscal ordene directamente como de las que requieran autorización del tribunal.
- Orientación sobre programas estatales a los que puedan acceder.
- Representación jurídica para facilitar su participación en el proceso penal, incluyendo la ejecución de la pena y el ejercicio de acciones civiles para perseguir responsabilidades derivadas del hecho punible.
- Asistencia psicosocial para mitigar los efectos negativos del delito y evitar la victimización secundaria.
El texto también aclara que los funcionarios de las policías tendrán derecho a acceder a las prestaciones de este servicio en caso de ser víctimas de delitos en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, se insta al Ministerio de Justicia a establecer estándares que aseguren la calidad de los servicios prestados.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
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