El senador propone una reforma constitucional con tres llaves —tiempo, estatus y conducta—: 10 años de residencia desde la definitiva, sin antecedentes penales y reinicio del cómputo tras ausencias de 90 días. Además, sugiere excluir a los extranjeros de la presidencial y mantener su sufragio local con altas exigencias. En paralelo, atribuye a la ultraderecha un cálculo electoral sobre el contingente venezolano y acusa una contradicción discursiva. Todo aplicado a futuro: el padrón actual está cerrado.
El primer eje que despliega Latorre es de diseño institucional. Detalla una reforma constitucional que eleva el estándar de incorporación al padrón: diez años de avecindamiento “a partir de la residencia definitiva”, no transitoria; sin antecedentes penales; y con una cláusula de continuidad territorial que reinicia el conteo si hay salidas del país por 90 días o más. El objetivo declarado es alinear la obligatoriedad del voto con requisitos que, a su juicio, no son “bajos” en términos comparados.
El segundo eje es de alcance electoral. Latorre propone que la Constitución delimite la competencia de sufragio: extranjeros fuera de la elección presidencial, pero habilitados para votar en elecciones locales (alcaldes, concejales, cores) bajo requisitos altos. La motivación invocada es “ordenar” un padrón que, según sus propios números, bordea las 800 mil personas con proyección “sobre el millón”. Es una justificación prospectiva: al crecer el padrón extranjero, aumentan los incentivos para fijar reglas explícitas y estables.
La temporalidad es clave en su planteamiento. El senador advierte que esta discusión “ya no es para noviembre o diciembre” —las fechas inmediatas—, sino para el siguiente ciclo, porque el padrón está cerrado. En el corto plazo, sugiere una válvula de contención: hacer “voluntaria” la multa por no votar para extranjeros en contexto de obligatoriedad. Se trataría de evitar efectos punitivos indeseados mientras no se actualiza el estándar de ingreso al padrón.
El tercer eje es político-estratégico y emerge cuando Latorre describe la forma en que la derecha radical habría politizado la participación de extranjeros. Afirma que el Partido Republicano y la ultraderecha que respalda a José Antonio Kast sostienen un cálculo: que contingentes específicos, como el venezolano, “votarían más por ellos” y podrían incidir en parlamentarias, eligiendo senadores y diputados. A la vez, recuerda la señal proveniente de la UDI, donde —según relata— hubo una reforma constitucional presentada meses atrás con la idea de dejar fuera del padrón presidencial a los extranjeros.
Desde esa lectura, el senador instala una incoherencia: el “doble discurso” de querer expulsar migrantes mientras se espera su voto para Kast. La salida normativa que propone busca desactivar esa tensión: clarificar la frontera presidencial/local y subir el umbral de entrada al padrón para quienes no son chilenos, preservando su agencia política local. En lo inmediato, el ajuste posible se limita a la gestión de la multa bajo voto obligatorio.
La propuesta de Latorre opera en dos capas: un rediseño de fondo —para el próximo ciclo— que especifica quiénes y dónde votan, y una administración de corto plazo —sin tocar el padrón ya cerrado—. En ambos planos, la premisa es la misma: reglas explícitas y exigencias altas frente a un padrón extranjero que crece y que, por ello, requiere certeza jurídica para evitar que el debate quede capturado por el cálculo coyuntural.
