Artículo de la Dra. Neida Colmenares, Académica de la U. Central.
La inclusión de la población migrante en los procesos electorales es un aspecto que los Estados deben considerar y regular, teniendo en cuenta sus intereses nacionales para mejorar la calidad de la democracia y fomentar la inclusión. Desafortunadamente, el enfoque actual del debate en Chile no apoya estos objetivos.
Chile se presenta como un caso único en comparación internacional respecto al voto de los migrantes, permitiéndoles participar en todas las elecciones, incluso sin haber obtenido la ciudadanía, a diferencia de muchos otros países donde esta participación se limita al ámbito local y a menudo se basa en acuerdos de reciprocidad con los países de origen.
Ironicamente, esta característica que ha hecho a Chile un modelo de inclusión está generando controversia en el ámbito político, donde no se han presentado argumentos claros sobre por qué esto representa un problema para el país.
Un claro ejemplo son las propuestas del ministro Álvaro Elizalde para modificar el voto migrante. El proyecto sugiere restringir la participación electoral de los extranjeros solo al nivel comunal, lo cual eliminaría un derecho que ya ejercen quienes han votado en elecciones nacionales. Además, propone eliminar las sanciones que aseguran el cumplimiento de la obligatoriedad del voto para los extranjeros, contradiciendo el objetivo principal del voto obligatorio: aumentar la participación y legitimar el sistema político. Finalmente, establece que los migrantes deberán presentar un certificado de antecedentes penales de su país de origen en cada elección, lo que implica una presunción de criminalidad sobre los residentes definitivos en el país.
Estos aspectos hacen que el proyecto sea muy cuestionable. Es esencial debatir sobre el voto de la población migrante desde una perspectiva a largo plazo, basado en pruebas concretas y no en mitos o cálculos electorales.
Con Información de www.diarioelpulso.cl
