PhD. Rodrigo Ignacio Berrios Rojas. Académico y miembro de la Sociedad Española de Pedagogía (SEP).
En una sociedad democrática que busca avanzar, las aulas deberían ser el núcleo del pensamiento crítico, el diálogo respetuoso, la reflexión fundamentada y la exploración libre de ideas. Sin embargo, el incidente ocurrido el 6 de agosto de 2025 en el Liceo de Limache desafió esta idea.
Un hecho singular—“un profesor pierde el control al escuchar a algunos estudiantes defender a Augusto Pinochet”—reveló una problemática vigente sobre la función docente: ¿es el maestro un guía que facilita el aprendizaje o un juez que impone verdades absolutas?
Todo empezó como una clase de Lenguaje rutinaria, pero rápidamente se tornó en un torbellino emocional. Durante un debate, un estudiante afirmó controversialmente que “Augusto Pinochet fue el mejor presidente de Chile”, lo que encendió una serie de discusiones.
El profesor, visiblemente alterado, no pudo contener su frustración y gritó: “¡Cállate, cállate, te dije!”, seguido de una reprimenda que incluyó a otros estudiantes que intentaron intervenir. Su mensaje fue claro: “No estoy hablando contigo, también te callas, cállate, no te metas”.
Más allá de la tensión, el incidente evidenció que el problema iba más allá de la disciplina en el aula. En entrevistas posteriores, el profesor admitió que su reacción fue impulsada por su dolor personal: “tengo familiares que fueron víctimas de desapariciones forzadas durante la dictadura”. Aunque su sufrimiento es comprensible desde un punto de vista humano, trasladar esa carga emocional al aula convirtió su “defensa personal” en un acto autoritario encubierto como autoridad moral.
El impacto del suceso llevó a medidas institucionales inmediatas. Luciano Valenzuela, alcalde de Limache, activó los protocolos pertinentes y suspendió al profesor. La Fiscalía también inició una investigación por trato degradante hacia menores.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, declaró que la actuación del profesor es inaceptable y que ningún contexto justifica ese tipo de trato hacia los estudiantes, reafirmando que “la pedagogía ofrece herramientas mucho más constructivas que imponer silencio, y que el deber esencial de un educador es respetar incluso aquellas voces que desafían su perspectiva”.
Las aulas deben ser espacios de libre pensamiento, donde se debatan ideas de manera argumentada, rigorosa, respetuosa y curiosa. Cuando un docente actúa como juez, enseñando a temer más que a razonar, perdemos de vista lo fundamental del ser: “el miedo es más poderoso que la razón”.
Este caso no solo censuró una opinión polémica; también eliminó la posibilidad de descubrimiento, exploración y argumentación colectiva. ¿Pueden los estudiantes estar desinformados o tener opiniones controvertidas? Absolutamente. ¿Debe el aula ser un tribunal implacable? Desde luego que no.
El episodio deja una lección importante para la educación: “la intolerancia disfrazada de firmeza no es, ni será, el camino. No sirven los discursos, las buenas intenciones o las estadísticas si la práctica diaria en el aula muestra lo contrario. Cuando un docente recurre a los gritos para corregir lo que considera un error, falla en lo esencial: “educar es enseñar desde el entendimiento y no imponer desde el resentimiento”.
Esto no implica minimizar el dolor del profesor; es indiscutible que las cicatrices históricas son reales. Sin embargo, es vital que en el ámbito pedagógico lo personal no interfiera en lo profesional. Un aula no puede ser un escenario para desahogar heridas generacionales. La figura del docente debe armonizar su humanidad con la habilidad profesional para guiar, incluso en momentos complicados (lo cual es un reto, pero necesario).
Gritar no educa; silencia. Y la sociedad necesita aprender a confrontar ideas divergentes sin ser aplastados por quienes ostentan más poder. El desafío radica en ayudar a los estudiantes a enfrentarse a ideas dolorosas, cultivando así mentes críticas capaces de manejar desacuerdos reflexivamente.
Este episodio se extiende más allá de los muros del Liceo de Limache y plantea la pregunta: ¿cómo formamos ciudadanos capaces de generar diálogos constructivos? ¿Hasta qué punto permitimos que experiencias personales justifiquen comportamientos inapropiados? La respuesta es compleja, pero los procesos educativos deben ser espacios seguros, plurales, de aprendizaje y reflexión, donde el respeto y el diálogo primen, incluso ante experiencias dolorosas.
Aceptar opiniones opuestas no implica relativizar la historia ni justificar atrocidades; representa la esencia misma de la convivencia civilizada. Enseñar desde la historia, ayudando a los estudiantes a dialogar, es más valioso que condenar sin escuchar.
Si un docente no logra esto, merece apoyo para sanar y reeducarse desde el respeto, “más que una sanción o ser señalado en la justicia social”.
El incidente no debe tratarse como un hecho aislado, sino como un espejo que nos interroga sobre el valor de escuchar, la dignidad y la separación entre lo personal y lo profesional.
La pedagogía no silencia, escucha.
La pedagogía no silencia, libera.
La pedagogía no silencia, desarrolla el pensamiento crítico.
La pedagogía no silencia, promueve la participación activa.
La pedagogía no silencia, invita a construir saberes con respeto.
La pedagogía no silencia, siembra libertad.
La pedagogía no silencia, transforma.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
