El Tribunal Supremo de Bolivia ha solicitado la verificación individual de todos los casos de prisión preventiva en el país, en respuesta a las quejas de miles de reclusos que reclaman un «trato equitativo» similar al que recibieron tres políticos implicados en la crisis de 2019, cuyos casos han sido revisados recientemente.
El presidente de la corte, Romer Saucedo, ha ordenado una serie de «jornadas de verificación sobre el cumplimiento de las detenciones preventivas» a nivel nacional, tras la controversia surgida por la revisión de los casos de la expresidenta Jeanine Áñez y los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
Los tres políticos habían estado encarcelados durante años a la espera de la resolución de sus casos, pero han sido liberados ahora después de que sus medidas cautelares «quedaran sin efecto», según ha informado el sistema judicial boliviano.
Esta situación ha llevado a cientos de reclusos a protestar y exigir la revisión de sus propios casos. El Supremo ha otorgado un plazo de 24 horas a las diferentes jurisdicciones para analizar estas medidas.
Asimismo, ha instruido que los presos permanezcan en prisión preventiva en los territorios donde se hayan iniciado los procesos en su contra, instando al traslado de aquellos que no sigan esta directriz.
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