La Corte Suprema desestimó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, ratificando su condena a seis años de prisión efectiva por delitos de abuso sexual reiterado contra menores, perpetrados entre abril y mayo del año pasado en la comuna de Placilla, Región de O’Higgins.
En una decisión unánime, la Segunda Sala del tribunal superior, compuesta por el ministro Leopoldo Llanos y las ministras María Teresa Letelier, Dobra Lusic, así como las abogadas integrantes Leonor Etchebery y Pía Tavolari, rechazó cualquier infracción al debido proceso y la supuesta violación del principio de presunción de inocencia en la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando el 10 de julio pasado.
“Respecto a la causal principal presentada, que alega la infracción al debido proceso y, en particular, la garantía de presunción de inocencia, al haberse invertido la carga de la prueba imponiendo al acusado demostrar su inocencia, (…) se desestima esta objeción por no contar con la sustancialidad necesaria para justificar la nulidad solicitada”, indica el fallo.
“Los magistrados del Tribunal Oral, al emitir la sentencia cuestionada, han cumplido plenamente con las normativas legales aplicables, sin que se constate ningún vicio de los que menciona el recurrente”, señala la decisión del máximo tribunal.
Asimismo, el tribunal de primera instancia le impuso penas accesorias que incluyen inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos y oficios públicos y derechos políticos; además de una sujeción a la vigilancia de las autoridades durante los 10 años posteriores al cumplimiento de la pena principal.
Adicionalmente, se le inhabilitó de forma absoluta y perpetua para desempeñar cargos, empleos, oficios o profesiones relacionados con el ámbito educativo o que impliquen una interacción directa y habitual con menores de edad.
Macaya Zentilli se encuentra recluido en la Cárcel de Rancagua y ha cumplido más de 500 días de privación de libertad, entre prisión preventiva y arresto domiciliario, desde su formalización el 7 de junio de 2023. Este tiempo se descontará de la pena impuesta una vez que la sentencia sea definitiva.
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