Metropolitana

Torturas a exfuncionario del TEA en el Hospital de Osorno: Fiscalía y Contraloría toman cartas en el asunto.

La difusión de videos que muestran agresiones a un trabajador ha generado investigaciones judiciales y administrativas, además de un fuerte rechazo desde diversas partes de la sociedad.

Entre 2018 y 2020, un joven empleado delHospital Base San José de Osorno —diagnosticado conTrastorno del Espectro Autista (TEA)— fue víctima de brutales abusos por parte de sus propios compañeros. Los videos, que se hicieron públicos recién esta semana, muestran cómo lo amarraban, lo rapaban y le provocaban quemaduras mientras se burlaban de él.

Estos registros, grabados por los mismos agresores, circularon durante años por la red interna sin que se tomarán medidas, a pesar de que en 2020 se inició un sumario que terminó archivado. Ahora, con la evidencia en manos de la Fiscalía, el caso ha vuelto a cobrar relevancia y ha activado alarmas en varias instituciones del Estado.

LaFiscalía de Osorno, liderada por la fiscal jefa María Angélica de Miguel, anunció la apertura de una causa de oficio. “Se realizarán diversas diligencias para esclarecer estos hechos y determinar quiénes son los responsables”, señaló, añadiendo que laUnidad de Víctimas y Testigos ya se contactó con la víctima para ofrecerle apoyo.

Responsabilidades administrativas

La subsecretaria de Salud Pública,Andrea Albagli, confirmó que durante los años en que ocurrieron los abusos se llevó a cabo un sumario administrativo que no resultó en sanciones. “Como Ministerio de Salud estamos indignados por lo que pasó en el hospital, no es algo que podamos aceptar y lo condenamos rotundamente”, señaló.

Por su parte, el director (s) del Hospital de Osorno,Julio César Vargas, explicó que la primera denuncia se realizó en 2020, y que la investigación interna no sancionó a nadie. Sin embargo, en 2024, al conocerse nuevos antecedentes y videos, se decidió enviar los hechos directamente al Ministerio Público.

Medidas de la Contraloría

Ante la gravedad de la situación, laContraloría General de la República ordenó uncontrol extraordinario para revisar la legalidad del sumario de 2020 y determinar si hubo responsabilidades de las autoridades de ese momento. Además, el organismo recordó que las denuncias fueron reactivadas este año, cuando otra trabajadora denunció a los mismos implicados por discriminación de género.

Condena transversal

El impacto de este caso ha llegado al ámbito político y social. La diputadaCarolina Marzán, quien impulsó la Ley de Autismo, expresó “profundo dolor” por lo ocurrido, calificándolo como un atentado a la dignidad humana, y se comprometió a gestionar justicia para la víctima.

ElServicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), parte del Ministerio de Desarrollo Social, emitió un comunicado donde repudió lo sucedido y advirtió que se exigirá justicia para los responsables. A su vez, elComité para la Prevención de la Tortura (CPT) enfatizó la necesidad de erradicar los prejuicios y la discriminación estructural en la sociedad.

Un caso que reabre viejas heridas

La brutalidad de los videos y la falta de sanciones en su momento generan dudas sobre los protocolos de control dentro de la red de salud pública. En la actualidad, tanto la justicia como los organismos supervisores buscangarantizar reparación a la víctima y evitar que situaciones como esta se repitan.

CHH

Con Información de www.chicureohoy.cl

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