La cifra, lejos de ser anecdótica, trasciende el ámbito legal y genera un debate sobre los factores sociales, económicos, culturales y psicológicos que influyen en estos comportamientos, así como los retos que enfrenta la educación para fortalecer la ética y la moral. Más allá de admitir haber cometido un robo, estos resultados interpelan a toda la sociedad, revelando motivaciones y contextos que necesitan ser comprendidos para entender su impacto en la vida colectiva.
Nicolás González, docente y responsable de la Línea Jurídica de la Carrera de Psicología de la Universidad de O’Higgins (UOH), señala que estos comportamientos deben considerarse fenómenos multifactoriales. La normalización social de ciertas faltas, la desconfianza hacia las instituciones, la persistencia de desigualdades y el debilitamiento de valores compartidos son factores determinantes.
“Estos comportamientos deben entenderse como fenómenos multifactoriales. La normalización social de ciertas faltas, como el robo menor o la evasión, al ser percibidos como comunes o aceptables, debilitan las barreras morales. Además, la desconfianza hacia las instituciones es crucial; cuando se consideran corruptas o injustas, se genera una ‘justificación simbólica’ para recuperar lo que la ciudadanía siente que ha perdido”, explica el experto.
Factores psicosociales
González menciona que estas conductas pueden ser resultado de causas externas o internas que llevan a legitimar prácticas ilícitas. Estas acciones, aunque perjudiciales, se perciben como inevitables en ciertos contextos.
“Todas estas circunstancias presionan la toma de decisiones, especialmente entre los jóvenes, que tienden a transgredir límites y a ser menos conscientes de las consecuencias. Otro factor detonante podría ser el cambio cultural más amplio, que incluye un debilitamiento de los valores colectivos, una cultura de inmediatez y un aumento del individualismo, así como un contexto de creciente visibilidad de la corrupción y la injusticia. Las conductas son multicausales, abarcando desde presiones externas hasta motivaciones internas”, sugiere el psicólogo.
El especialista aclara que aunque las cifras muestran que una de cada tres personas admite haber robado alguna vez, esto no indica que la sociedad chilena esté “inclinada al robo”, sino que refleja tensiones relacionadas con circunstancias estructurales y la fragilidad de los marcos normativos compartidos. “Este número no necesariamente define la cualidad de una sociedad, sino que pone de manifiesto tensiones sociales actuales y desigualdades estructurales. Más que un rasgo de la población chilena, es un síntoma de la pérdida de confianza en instituciones y en las normas compartidas”, subraya el docente.
Educación e interpelación
En este contexto, González enfatiza que la educación juega un papel fundamental en la construcción de cambios duraderos que fortalezcan el sentido social de las normas y promuevan la reflexión crítica sobre la convivencia.
“La educación es clave para abordar este desafío. Es necesario reforzar la formación cívica y ética de manera práctica, fomentar la empatía y el sentido de pertenencia social desde la infancia, así como promover el pensamiento crítico en relación con la equidad social y el valor de las normas para la vida en común”, añade González.
Para el psicólogo, resulta preocupante que una parte significativa de la ciudadanía haya admitido haber robado, lo que, en su opinión, interpela directamente a las instituciones educativas. Estas deben generar espacios que cultiven valores que trasciendan la instrucción teórica y que respondan a las necesidades sociales subyacentes.
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Con Información de osornoenlared.cl
