La Fiscalía del Ñuble ha presentado una apelación ante la Corte Suprema para evaluar si se debe desaforar al Gobernador Regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, quien fue reelecto recientemente.
Este recurso inicial debe ser tramitado por la Corte de Chillán, lo que llevó a la defensa de Crisóstomo a recurrir al Tribunal Constitucional (TC) argumentando que la apelación es inconstitucional.
El abogado defensor Enrique Aldunate pidió al TC que declare inconstitucional el recurso de apelación y, mientras tanto, que suspenda su tramitación. El TC aceptó esta solicitud el 5 de noviembre, interrumpiendo el proceso judicial hasta que se revise la admisibilidad del recurso.
Según el abogado, la defensa desea que se declare inaplicable la norma sobre apelación del Código Procesal Penal, ya que el TC ha sostenido que la apelación solo es viable cuando el desafuero es aprobado, no en casos de denegación, como ocurre aquí.
La defensa espera que el TC cierre el caso al no permitir su revisión en la Corte Suprema, solicitando el sobreseimiento definitivo de Crisóstomo.
Antecedentes
El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, llevó a cabo a mediados de octubre diversas diligencias en torno a la arista ProCultura del conocido «Caso Convenios».
Según la fiscalía, estas acciones se desarrollaron en la región de Ñuble, con la asistencia de un equipo de detectives de la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la Policía de Investigaciones, bajo la dirección de uno de los fiscales del equipo de Cooper.
Se citaron a declarar a 19 personas, en su mayoría funcionarios del Gobierno Regional de Ñuble, miembros de la Fundación ProCultura y de una consultora. Entre los convocados se encontraba el gobernador Óscar Crisóstomo (PS), quien fue citado en calidad de imputado.
En la diligencia, ejerció su derecho a guardar silencio, al igual que otros seis funcionarios convocados. No obstante, los investigadores obtuvieron declaraciones de 10 de los citados, mientras que las declaraciones de otros dos fueron reprogramadas.
Estas diligencias se suman a las realizadas en nueve comunas de la región Metropolitana y en la región del Biobío, donde se llevaron a cabo incautaciones de diversos equipos tecnológicos, nubes informáticas y bases de datos de correos electrónicos, entre otros elementos.
Esta arista de la investigación se enfoca en la posible comisión de delitos como fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias.
(Imagen: Gobierno Regional de Ñuble)
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
