A través de un escrito, Steinert argumentó que el dictamen invade la esfera del mérito de una decisión política o administrativa. Sostuvo que el organismo realizó un juicio sobre el acto en lugar de pronunciarse sobre su necesidad, oportunidad o intensidad.

La exministra afirmó que en su calidad de ministra tenía la facultad de requerir antecedentes aún cuando estos tuvieran carácter secreto o reservado. Indicó que la entrega reservada de información desde el Director General de la institución policial al despacho ministerial no constituye divulgación en ningún sentido jurídicamente válido del término.

Steinert señaló además que el dictamen no establece la existencia de un interés personal, patrimonial o de las personas vinculadas que la ley menciona, capaz de afectar la imparcialidad de la decisión. Criticó que el pronunciamiento realice un juicio de reproche sobre la conducta de una exautoridad que había cesado en el cargo el 19 de mayo de 2026, más de un mes antes de la emisión del dictamen.

La exministra cuestionó que siendo ella ya ajena a la administración, del pronunciamiento no podría seguirse sumario, medida correctiva ni efecto administrativo alguno. Además, señaló que el caso surgió de una divulgación ilícita de un documento reservado y que nunca se enteró de cómo se filtró el escrito.

Steinert acusó a la Contraloría de una omisión al no notificar el dictamen a la única persona a quien reprocha, situación que configuraría indefensión. Recalcó que resulta difícilmente conciliable que un pronunciamiento destinado a servir como pieza de cargo se comunique a los denunciantes, a la Fiscalía Nacional y a la institución policial, pero no a la persona reprochada.

La exministra solicitó dejar sin efecto la conclusión del dictamen y que se declare que el Oficio Reservado N° 28 se enmarcó en las atribuciones que la ley confiere al Ministerio de Seguridad Pública, además de que no concurrió infracción al deber de abstención.

Con Información de www.lanacion.cl