Según los agricultores, los delitos han dejado de ser hechos aislados para convertirse en una amenaza permanente que afecta predios ubicados desde Piedra El Tope hasta Santa Rosa, abarcando prácticamente toda la zona agrícola de Pan de Azúcar.

El robo de fertilizantes, herramientas, llaves, cables e insumos esenciales genera no solo pérdidas materiales, sino también impactos directos en la operación de los campos y la producción agrícola. Las inversiones en reposición de transformadores y reforzamiento de medidas de seguridad representan montos significativos que se suman a los costos de producción.

“Ya nos da temor invertir, porque con la delincuencia es pérdida segura”, expresaron algunos de los afectados, quienes señalan que a pesar de implementar cámaras de vigilancia, iluminación, contratar guardias y otras medidas de seguridad, los delincuentes logran vulnerar los predios.

Un aspecto que genera especial preocupación en los productores es la percepción de impunidad. Afirman que aunque en algunos casos se identifica a los responsables y se realizan denuncias, frecuentemente observan cómo los detenidos recuperan su libertad en corto tiempo, lo que desalienta las denuncias y aumenta la sensación de abandono.

Desde la SAN expresaron comprender el desgaste que enfrentan los agricultores de la región. A las dificultades por prolongada escasez hídrica, aumento de costos de producción, falta de mano de obra y exigencias para mantener la actividad agrícola, se suma una delincuencia cada vez más violenta que mantiene a los productores en permanente incertidumbre.

“Los agricultores viven en una situación de indefensión. No solo deben enfrentar la falta de agua y el incremento de costos, sino que ahora también deben convivir con el temor constante de ser víctimas de robos que afectan su trabajo, patrimonio y la continuidad de sus actividades productivas”, señalaron desde el gremio.

En este contexto, la SAN reiteró el llamado a denunciar todos los hechos delictuales, recordando que además de denuncias formales ante la policía existe el programa Denuncia Seguro (*4242), un canal completamente anónimo que permite entregar información sobre delitos y lugares donde podrían comercializarse especies robadas como chatarrerías u otros puntos de reducción.

La Sociedad Agrícola del Norte reafirmó que continuará trabajando coordinadamente con la Policía de Investigaciones, Carabineros, la Seremi de Seguridad Pública, el Ministerio Público e instituciones competentes para fortalecer la seguridad rural y promover medidas que combatan con mayor eficacia la delincuencia en el sector agrícola de la Región de Coquimbo. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a reforzar la persecución penal y avanzar en acciones concretas que devuelvan tranquilidad a quienes producen alimentos y sostienen una de las principales actividades económicas de la región.

Finalmente, también hace un llamado a los parlamentarios a revisar la legislación vigente y avanzar hacia una tipificación más rigurosa de los delitos rurales, considerando el impacto estratégico que tienen sobre la producción de alimentos, el empleo y la calidad de vida en el sector rural.

Con Información de www.elcoquimbano.cl

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Durante la sesión, la ministra de Energía, Ximena Rincón, expresó que “asumimos el desafío de resolver un problema heredado, lo asumimos de manera transversal con todas y con todos. Yo quiero agradecerle al presidente de la comisión, el diputado Tapia, el liderazgo y el trabajo que efectuó en este tiempo. Y a todos los miembros de la misma, de manera responsable, seria”.

El Ejecutivo propone como primer eje del proyecto la rebaja y certeza tarifaria. Este componente contempla la extensión del subsidio eléctrico para asistir a las familias de menor vulnerabilidad del país. Asimismo, incluye medidas de protección para los hogares de Los Ríos y Los Lagos, zonas donde las tarifas experimentarán un incremento significativo.

En su segundo eje, el proyecto busca regularizar las tarifas y saldar una deuda de $816 mil millones con las empresas del sector. Se propone cancelar la deuda del componente de distribución (VAD) correspondiente al periodo 2020-2024, que acumula 43 meses de retraso. Para ello, se plantea un mecanismo de pago gradual entre 2028 y 2035 que permita distribuir el impacto en el tiempo sin afectar presupuestos familiares.

Considerando que en 2028 el cargo por deuda con las generadoras disminuirá de 22 pesos por kilowatt-hora a 9 pesos por kilowatt-hora, la iniciativa propone establecer un cargo máximo de 5 pesos por kilowatt-hora. De esta manera se evitarían incrementos para los usuarios y se lograría una reducción total de 8 pesos por kilowatt-hora que se reflejaría en la factura de electricidad.

El segundo eje también considera el recálculo de la tarifa de transmisión, que acumula 28 meses de retraso desde su fecha de publicación prevista en enero de 2024, generando una nueva deuda. Para mitigar este impacto, el Ejecutivo propone extender el decreto tarifario vigente entre 2020 y 2023 hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir de 2029, el sistema operará con plazos definidos y sin atrasos, evitando nuevas deudas que impacten los presupuestos de las familias.

El tercer eje del proyecto de ley se orienta a proteger la seguridad y calidad del servicio eléctrico. Esta sección impulsa inversiones en zonas críticas y amplía las facultades de la autoridad para intervenir ante cualquier situación que amenace el suministro eléctrico, previniendo así déficits en las áreas afectadas.

Con Información de www.lanacion.cl

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