El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, expresó que “la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible, y se funda en los tratados de 1881 y 1984, suscritos por ambos países”. El canciller añadió: “Hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”. Estas palabras fueron pronunciadas al concluir su gira por Vietnam.

Por su parte, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, señaló que “obviamente que no nos parece bien, porque el Estrecho de Magallanes, en su totalidad es indiscutiblemente chileno, tal como lo señalan los tratados suscritos en 1881 y en 1984 por ambos países”. Alvarado agregó desde La Moneda: “Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quién corresponde el Estrecho de Magallanes”.

Con Información de www.lanacion.cl

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La modificación a la Ley General de Telecomunicaciones exige que todas las líneas móviles prepago estén vinculadas a una persona usuaria identificable. Las empresas de telecomunicaciones deben mantener un registro actualizado que incluya datos como nombre, domicilio y número de cédula de identidad o pasaporte del titular.

Conforme a datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), actualmente circulan más de 4,4 millones de números prepago en Chile, por lo que la medida impactará de manera significativa en la población de usuarios de telefonía móvil.

El proceso de validación de identidad podrá llevarse a cabo de forma digital o presencial, según la compañía telefónica. En el caso de líneas nuevas, el registro debe realizarse para activar el número. Los usuarios que ya poseen un número prepago activo deberán completar la validación de identidad al realizar operaciones como recargas, contratación de bolsas de internet o compra de minutos.

La Subtel indicó que las empresas deben implementar medidas para proteger los datos personales recopilados, los cuales solo podrán utilizarse para fines relacionados con el registro y obligaciones legales correspondientes.

Los usuarios que no completen el registro dentro del plazo establecido quedarán impedidos de realizar nuevas recargas hasta finalizar el proceso de identificación.

Según la Subtel, las líneas prepago sin identidad asociada pueden ser utilizadas para actividades ilícitas, ya que dificultan la identificación de quienes las utilizan.

Con Información de desenfoque.cl

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“El estado de excepción que propone el Gobierno es equivalente a una situación de guerra externa y de estado de sitio. Y eso es inaceptable”, expresó Flores.

El senador sostuvo que el Ejecutivo debería reconocer su error y retirar la iniciativa, argumentando que las medidas necesarias para fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado pueden implementarse mediante la legislación vigente y nuevos proyectos de ley, sin modificar la Carta Fundamental.

“Creo que el Gobierno se ha equivocado, y lo más rápido, lo más corto y lo más honesto debería ser decir: nos equivocamos. Todo lo que pretenden hacer en materia de seguridad, y que vamos a acompañar, se puede hacer sin modificar la Constitución, mucho menos en esta escala de aberración jurídica”, enfatizó.

Flores cuestionó particularmente un mecanismo que, según advirtió, permitiría restringir libertades y derechos de las personas durante un período prolongado. “Que durante 240 días el Presidente pueda quitarle las libertades a la gente, cuando sabe que con eso no resuelve el problema de la delincuencia, creo que demuestra que no saben cómo recular”, señaló.

El senador añadió que resulta incomprensible la justificación constitucional de la propuesta, considerando que el ordenamiento jurídico actual ya ha permitido crear institucionalidad para enfrentar problemas de seguridad.

“Las materias de seguridad que está impulsando el Gobierno ya están contenidas en la Constitución. Si no fuera así, ¿cómo hubiésemos creado el Ministerio de Seguridad? ¿Cómo hubiésemos creado un Sistema Nacional de Inteligencia?”, cuestionó.

Flores planteó además una preocupación política respecto de la magnitud de atribuciones que quedarían en manos del Presidente, sugiriendo que el Gobierno busca perpetuarse en el poder.

El senador advirtió sobre lo que considera una estrategia política del Ejecutivo: impulsar una reforma que probablemente no conseguirá los votos necesarios en el Senado, para posteriormente responsabilizar a quienes la rechacen de impedir avances contra la delincuencia.

“El Gobierno no tiene los votos. Entonces, ¿qué está haciendo? Como vamos a rechazar, principalmente toda la oposición, nos van a echar la culpa a nosotros de que los problemas de seguridad no se resuelven porque no quisimos modificar la Constitución”, advirtió.

Flores aseguró que esa será la explicación política del Ejecutivo frente al fracaso de la reforma. “Eso se lo doy firmado: esa va a ser la gran excusa cuando esto se rechace. Van a decir que la oposición no quiere resolver los problemas de seguridad”, afirmó.

El senador insistió en que rechazar esta modificación constitucional no significa oponerse a fortalecer las herramientas del Estado contra la delincuencia, e instó al Ejecutivo a impulsar las medidas necesarias mediante los mecanismos legales correspondientes.

Con Información de desenfoque.cl

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Un total de $981.579.438 de pesos ha sido gestionado por la Delegación presidencial de Limarí y asignado desde el Ministerio del Interior para el arriendo de maquinaria, en respuesta a los requerimientos presentados por los municipios de la provincia. Adicionalmente, se han destinado $2.700 millones de pesos en kits e insumos para personas afectadas, dentro del contexto de la emergencia meteorológica que impactó la región.

Los recursos destinados a la rehabilitación de caminos a través del arriendo de equipos han alcanzado a los cinco municipios de la provincia de Limarí: Ovalle, Monte Patria, Combarbalá, Río Hurtado y Punitaqui. La inversión ha permitido contar con motobombas, retroexcavadoras, motoniveladoras, excavadoras, cargadores frontales, camiones tolva y camiones aljibe, entre otros equipos.

Entre las acciones ejecutadas se incluyen intervenciones en sectores como Quebrada de Pichasca en Río Hurtado, Quebrada de Monte Patria, El Trapiche en Ovalle, el badén de Pueblo Viejo en Punitaqui y el despeje de caminos interiores en la comuna de Combarbalá.

La Delegada Presidencial de Limarí, Ivón Guerra Aguilera, señaló que “desde el Gobierno hemos encabezado un trabajo serio, fuerte y coordinado, escuchando la voz de todos los municipios de la provincia, sin distinción, porque entendemos que cada comuna conoce sus necesidades y urgencias. Nuestro compromiso ha sido articular respuestas concretas, poner los recursos donde se requieren y avanzar junto a los equipos municipales para llegar con apoyo oportuno a las comunidades afectadas”.

Desde el Ministerio del Interior se han destinado $2.721.982.534 para la entrega de apoyos de emergencia a los cinco municipios de la provincia. Estos recursos incluyen kits e implementos de primera respuesta como agua, alimentación, elementos de higiene, herramientas y materiales para habilitación residencial. En total, se han distribuido 86.285 cajas de apoyo entre los municipios de Ovalle, Monte Patria, Combarbalá, Río Hurtado y Punitaqui. La coordinación de estos recursos se realiza a través de los municipios, junto a SENAPRED y la Delegación Presidencial Provincial de Limarí.

La Dirección de Vialidad ha realizado un trabajo intenso y coordinado para la rehabilitación de rutas en la provincia, logrando habilitar 113 de 127 rutas afectadas. Las rutas pendientes corresponden a puntos que requerirán soluciones de largo plazo y que ya están siendo evaluadas directamente por los equipos técnicos del ministerio de Obras Públicas.

Con Información de ovallehoy.cl

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Esta herramienta está dirigida especialmente a personas extranjeras que se encuentran postulando a un empleo y busca proporcionar mayor certeza tanto a los solicitantes como a los empleadores, quienes contarán con un comprobante oficial para verificar la condición migratoria y la habilitación laboral del candidato.

El trámite se encuentra disponible en la página web del Servicio Nacional de Migraciones y se destaca por su fácil acceso. Los usuarios pueden ingresar utilizando su Clave Única o mediante la cuenta de usuario del portal, con correo electrónico y contraseña. Una vez realizada la consulta, el sistema entrega una respuesta binaria: “habilitado” o “no habilitado”, acompañada de un comprobante oficial en formato PDF que puede ser descargado. El certificado incorpora códigos de verificación y un código QR para comprobar su autenticidad y prevenir su duplicación o mal uso.

El certificado de “Habilitación Laboral” no tiene costo para el solicitante. Una vez confirmados los datos personales registrados en el SERMIG, la búsqueda puede realizarse utilizando el RUN, Pasaporte/DNI o los mismos datos personales. El certificado será enviado al correo electrónico registrado y también podrá ser descargado directamente desde la plataforma.

Esta herramienta se suma a antecedentes recientemente conocidos sobre la participación de personas extranjeras en el sistema de pensiones. Según información de la Superintendencia de Pensiones, desde 2022 a la fecha, 681.733 personas extranjeras han cotizado en el sistema de pensiones. Del mismo modo, a partir del cruce de información entre el Servicio Nacional de Migraciones y la Superintendencia de Pensiones, se vincularon 447.351 casos de personas extranjeras con Codex, cifra que corresponde al 65,5% del universo total de quienes han cotizado.

El Director Regional del Servicio Nacional de Migraciones, Ricardo Sprohnle, indicó: “Como Servicio Nacional de Migraciones estamos dando un nuevo paso para facilitar y transparentar el acceso al mercado laboral de las personas extranjeras. Hemos implementado el certificado de Habilitación Laboral, una herramienta digital, gratuita y de acceso inmediato, que permite saber de manera oficial si una persona está habilitada para trabajar en Chile. Además, el documento cuenta con un código QR y mecanismos de verificación que permiten a los empleadores comprobar fácilmente su autenticidad. De esta manera, entregamos mayor certeza tanto a las personas extranjeras que buscan una oportunidad laboral como a quienes necesitan verificar que una contratación se realiza conforme a la normativa vigente”.

Con Información de ovallehoy.cl

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La iniciativa contempla dos líneas de concurso público orientadas a beneficiar a organizaciones de trabajadores del mar en las 34 caletas del territorio regional, con convocatorias de postulación abiertas hasta el 27 de agosto.

Los fondos permitirán financiar proyectos clave para la sostenibilidad y regularización de la actividad, abarcando desde la administración de caletas y áreas de manejo hasta iniciativas de repoblamiento de recursos marinos y mejoras en los estándares de seguridad durante las faenas de pesca. A ello se suma el financiamiento para infraestructura operativa de fondo, como la instalación de plantas desalinizadoras por ósmosis inversa, sistemas de autonomía energética, equipamiento para dar valor agregado a los productos y talleres de capacitación técnica.

El plan contempla además una tercera etapa enfocada en el desarrollo individual, la cual entregará herramientas para la renovación de equipamiento de trabajo e incentivos para la diversificación económica en rubros complementarios como la gastronomía local y el turismo marinero. Estas medidas buscan otorgar viabilidad económica a las familias costeras y apoyar la recuperación del sector tras las afectaciones generadas por los recientes eventos meteorológicos en el litoral.

Las organizaciones pesqueras e integrantes del sector podrán ingresar sus proyectos y revisar las bases de postulación a través de la plataforma digital de INDESPA hasta el 27 de agosto, periodo en el que se espera recepcionar las iniciativas de los distintos sindicatos y asociaciones gremiales de la provincia y la región.

Con Información de ovallehoy.cl

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Serrano criticó la falta de trabajo prelegislativo por parte del Ejecutivo, circunstancia que ha generado repercusiones tanto en el oficialismo parlamentario como en la coalición de gobierno y entre sus propios ministros.

Respecto a la Operación Cancerbero, cuyo traslado de presos de alta peligrosidad fue transmitido en vivo, Serrano observó que dicha exposición responde más a intereses de campaña que a un efectivo despliegue de política pública. «Con el traslado hicieron más bien un espectáculo, lamentablemente exponen la seguridad de ese traslado de reos peligrosos, parece primar que la seguridad no es algo que se tome en serio este gobierno», indicó.

Asimismo, cuestionó la propuesta que busca restringir, vía reforma constitucional, beneficios sociales a los presos de alta peligrosidad, situación que fue impugnada dentro del oficialismo por el riesgo de eliminar prestaciones de salud a personas en régimen carcelario. «Lanzan una propuesta estrella de restringir beneficios sociales a personas condenadas, pero se estarían negando prestaciones de salud a gente que está en la cárcel y esto tiene reparo incluso de la ministra de Salud», señaló.

La parlamentaria también abordó propuestas como crear estados de excepción no controlados totalmente por la autoridad civil y ampliar el margen de interceptaciones telefónicas, enfatizando que estas medidas no han traído resultados en otras realidades latinoamericanas. «Ninguna de las propuestas que hemos hecho, como la de seguir la ruta del dinero, como el secreto bancario, el gobierno recoge», contrastó.

Sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) respecto a los requerimientos en contra de la mega reforma, Serrano destacó la importancia del fallo. Si bien fueron acogidos parcialmente los requerimientos en materia de invariabilidad tributaria y plenamente respecto a la indemnización del Estado a privados cuando fuese revocada una resolución de calificación ambiental, la diputada consideró que ambas decisiones protegen la soberanía en proyectos de inversión y los espacios naturales.

«Este gobierno no sabe gobernar, no sabe conseguir acuerdos, pero tampoco tiene buenos equipos legislativos; no sabe respetar la Constitución y las leyes», agregó.

No obstante, Serrano también reparó en otros puntos aprobados de la mega reforma, como la rebaja tributaria a las empresas de primera categoría y la compensación municipal sin plan de redistribución equitativa. En esa línea, llamó a la ciudadanía a fiscalizar a sus parlamentarios y utilizar los canales disponibles en el Congreso. «Es importante anotar esta victoria, pero al TC no lo entendamos como una tercera cámara porque hay dos y creo que la presión debería caer en las y los parlamentarios quienes lamentablemente hipotecaron el futuro del país», expresó.

Con Información de elsiglo.cl

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El parlamentario indicó que las reformas constitucionales anunciadas por la administración “tendrán que ser estudiadas minuciosamente ya que, si bien aún no se ingresan los textos, lo que se ha adelantado puede implicar peligrosos retrocesos, pareciendo más un proceso constituyente tres”.

Flores manifestó que “si bien ha habido anuncios y borradores, lo que se ha dicho hasta el momento es tremendamente riesgoso, porque no solamente se orienta a mejorar la respuesta del Estado en materia de seguridad, sino que se abren puertas que son de verdad complejas. Y en ese contexto vamos a tener que medir, estudiar y resolver con mucha delicadeza y con mucha precisión para no generar un monstruito constitucional que de verdad genere regresiones desde el punto de vista de la institucionalidad democrática y la responsabilidad ante el Estado y la responsabilidad del Estado también”.

El senador espera que “cuando tengamos el texto definitivo podremos emitir una opinión responsable, completamente responsable. Pero al parecer vienen algunos dardos envenenados que son peligrosos para Chile y eso lo vamos a revisar con mucho detalle”.

El legislador concluyó que “el gobierno, más que los anuncios, debe presentar los textos y así poder discutir con la realidad de lo que están pretendiendo hacer. Bienvenidas las acciones que combatan la delincuencia y vayan de frente contra el crimen organizado. Pero que no nos pasen gato por liebre haciendo reformas constitucionales que de pronto tienen un alcance distinto. Todo lo que sea apoyar buenos proyectos de seguridad va a tener mi voto. Pero aquellas cosas que tienen mezcla o tienen otros alcances, cuidado con eso, yo lo voy a revisar muy bien y si es no, será no”.

Con Información de desenfoque.cl

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La megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast parece responder esta pregunta de manera clara.

Para los grandes inversionistas surgen certezas, reducciones tributarias y estabilidad en las reglas comerciales. Para las familias endeudadas y las pequeñas empresas, la certeza apunta hacia otra dirección: cuando llegue el momento de pagar, deberán hacerlo completamente.

La contradicción resulta evidente.

El impuesto corporativo para las grandes empresas se reduce gradualmente del 27% al 23%. Se ofrece invariabilidad tributaria a grandes inversionistas durante períodos extensos, y algunos acceden a beneficios mediante el no pago de contribuciones.

Todo esto bajo la justificación de incentivar la inversión.

Nadie con pensamiento razonable se opone a la inversión. El inconveniente surge cuando el incentivo se convierte en privilegio y cuando la certeza jurídica opera con velocidades diferentes para el gran capital y para el ciudadano común.

El Gobierno parece olvidar que las pequeñas y medianas empresas no representan un actor secundario en la economía chilena.

Las MiPymes conforman aproximadamente el 88% del universo empresarial del país y generan entre el 60% y el 65% del empleo formal. Constituyen la base del empleo, del comercio y de la actividad económica diaria.

Son el almacén del barrio, el taller, el restaurante, el emprendimiento familiar, la pequeña empresa de servicios y el proveedor que frecuentemente trabaja para compañías más grandes.

Sin embargo, cuando se menciona a las MiPymes, la palabra que aparece no es “invariabilidad”.

Es “espera”.

Espera para recibir pagos.

Espera para acceder a financiamiento.

Espera para recuperar una factura.

Espera para salir de una deuda.

Mientras que al inversionista con millones de dólares se le promete estabilidad tributaria, una pyme puede estar esperando meses para recibir el pago de un trabajo ya realizado.

Mientras se discuten incentivos para atraer grandes capitales, miles de pequeños empresarios conocen perfectamente lo que significa vender hoy y cobrar después.

Mientras se protege al gran capital de modificaciones tributarias durante años, a una familia endeudada nadie le garantiza que su deuda no siga creciendo aceleradamente.

En este contexto aparecen los vetos presidenciales.

El Gobierno logró eliminar de la megarreforma la prohibición absoluta del anatocismo, el derecho al olvido financiero y las restricciones para pactar plazos de pago superiores a 30 días. El Senado aprobó los tres vetos el 12 de agosto.

En términos simples: se retiraron mecanismos que buscaban limitar los intereses sobre intereses, proteger a personas de quedar permanentemente marcadas por sus deudas y fortalecer la regla de pago oportuno a las MiPymes.

En este punto, la discusión deja de ser técnica.

Para una gran empresa, una tasa, una deuda o un plazo de pago representan una variable dentro de un balance.

Para una pequeña empresa, que le paguen a 30 días o a 120 puede significar tener que solicitar un crédito para pagar los salarios de sus trabajadores o simplemente cerrar.

Para una familia endeudada, que los intereses se acumulen sobre los intereses puede representar la diferencia entre avanzar o quedar atrapada durante años.

Surge entonces una pregunta incómoda:

¿Por qué la certeza parece garantizada para el gran inversionista, pero no para el pequeño empresario ni para el deudor?

La historia continúa con otro episodio más difícil de explicar.

La megarreforma incorporó una norma destinada a impedir que en zonas declaradas en estado de catástrofe, una familia o una MiPyme quede sin servicios básicos por una deuda.

La disposición establece que las empresas concesionarias deben reponer gratuitamente los servicios: electricidad y gas en un máximo de 48 horas, y agua potable y alcantarillado en un máximo de 24 horas. Además, prohíbe cobrar por la reconexión.

No se trata de condonar cuentas a nadie.

Se trata de algo tan fundamental como que en medio de una catástrofe como las que recientemente afectaron a Atacama y Biobío, una familia o una pyme no quede sin agua, luz o gas por una deuda pendiente. Cuando una casa está inundada, un barrio está aislado o una comunidad intenta recuperarse, la prioridad del Estado debería ser restaurar la vida normal de las personas, no profundizar su vulnerabilidad.

Se trata, además, de las mismas MiPymes que el país necesita para reconstruirse después de una catástrofe.

Sin embargo, el Gobierno decidió recurrir al Tribunal Constitucional para intentar impedir la aplicación de esta norma.

El argumento jurídico es que la disposición estaría fuera de las ideas matrices del proyecto y que, por esa razón, violaría la Constitución.

Esto puede discutirse desde una perspectiva legal.

Lo que resulta mucho más difícil de explicar políticamente es el momento elegido.

El requerimiento fue presentado durante la etapa final de la tramitación de la megarreforma. Mientras el Congreso votaba los vetos, el Gobierno ya había llevado este punto al TC.

Incluso más: el biministro del Interior y Vocero, Claudio Alvarado, reconoció que no había sido informado del ingreso del requerimiento, diciendo que simplemente “a alguien se le pasó tomar el teléfono”.

¿Descoordinación?

¿Falta de comunicación?

¿Una decisión deliberadamente mantenida en secreto?

No es posible afirmar lo último como un hecho.

Pero existe una pregunta que el Gobierno debería responder:

¿Por qué una decisión tan importante, que afectaba directamente el contenido de una norma que estaba siendo discutida y votada por el Congreso, no fue comunicada oportunamente a todos los actores políticos que participaban de la tramitación?

Porque la transparencia no consiste únicamente en presentar un documento ante el TC.

También consiste en que quienes toman decisiones cuenten con toda la información relevante antes de votar.

Si el Gobierno sabía que iba a recurrir al Tribunal Constitucional contra una norma aprobada por el Congreso, la pregunta es aún más simple:

¿Por qué no lo comunicó antes?

Existe algo profundamente simbólico en todo esto.

Chile ha experimentado incendios, terremotos, inundaciones y otras catástrofes. Se conoce que después de una emergencia no basta reconstruir casas.

Hay que reconstruir vidas.

Una casa sin electricidad no es completamente habitable.

Una familia sin agua no puede esperar una discusión administrativa.

Una persona electrodependiente no puede esperar a que termine una disputa jurídica.

Una pequeña empresa que intenta volver a funcionar después de un incendio no puede enfrentar además la amenaza de permanecer desconectada por una deuda.

Por eso esta norma tenía una lógica sencilla: en una zona de catástrofe, primero se recupera la vida y después se discute la deuda.

El Gobierno decidió llevar esa lógica al Tribunal Constitucional.

Y esto permite entender mejor el contraste de toda la megarreforma.

Para los grandes inversionistas: estabilidad.

Para las grandes empresas: rebaja tributaria.

Para las grandes inversiones: invariabilidad.

Para los pequeños: plazos de pago que pueden seguir extendiéndose.

Para los endeudados: menos protección frente al anatocismo.

Para quienes arrastran una deuda antigua: menos protección frente al historial financiero.

Para quienes viven una catástrofe: incluso la posibilidad de quedar sin servicios básicos puede terminar dependiendo de lo que resuelva el Tribunal Constitucional.

Entonces la pregunta deja de ser solamente cuánto recauda el Estado.

La verdadera pregunta es:

¿Para quién está diseñado este Estado?

Porque los impuestos no son un castigo para quienes les va bien. Son el precio de vivir en una sociedad organizada.

El gran capital también utiliza carreteras, puertos, tribunales, policías, hospitales, universidades, infraestructura y servicios públicos.

La diferencia es que en esta discusión pareciera que algunos quieren disfrutar de todos los beneficios del Estado y reducir al mínimo su aporte a financiarlo.

Y eso tiene un nombre: privilegio.

Un gobierno puede defender legítimamente una economía de mercado.

Puede creer que bajar impuestos genera inversión.

Puede apostar por el crecimiento.

Puede defender la iniciativa privada.

Todo eso es legítimo.

Lo que no puede hacer sin asumir el costo político es pedir sacrificios a algunos mientras entrega certezas y beneficios extraordinarios a otros.

Porque entonces ya no se trata solamente de una reforma tributaria.

Se trata de una concepción de sociedad.

Una sociedad donde el gran inversionista tiene invariabilidad, pero la pyme tiene incertidumbre.

Donde la gran empresa recibe una rebaja tributaria, pero el pequeño empresario debe financiar su negocio mientras espera que le paguen.

Donde se protege al capital de futuros cambios tributarios, pero no necesariamente a una familia frente al crecimiento de su deuda.

Donde en medio de una catástrofe, el Estado parece estar más preocupado de proteger la lógica financiera de las empresas concesionarias que de garantizar que una familia tenga agua, luz y gas.

Por eso la caracterización deja de ser una provocación.

Gobierno de los ricos, con los ricos y para los ricos.

No porque todos quienes forman parte del Gobierno sean ricos.

No porque toda política proinversión sea mala.

Y tampoco porque bajar impuestos sea incorrecto por definición.

Sino porque cuando se observa el conjunto de las decisiones aparece una pregunta que el Gobierno todavía no responde:

¿Quién está primero cuando llega la hora de repartir los beneficios y quién está primero cuando llega la hora de asumir los costos?

Porque si la respuesta siempre favorece al que más tiene, entonces ya no se trata simplemente de una megarreforma.

Se trata de una megaseñal.

Y esa señal parece indicar que en el Chile de Kast hay ciudadanos a los que se les pide esperar, pagar y sacrificarse.

Y otros a los que se les ofrece algo mucho más valioso: certeza.

La certeza de que, pase lo que pase, alguien siempre estará dispuesto a defenderlos.

Con Información de desenfoque.cl

La entrada Ejecutivo se consolida como administración de las élites económicas, priorizando intereses del sector privilegiado se publicó primero en ChileLindo.

El evento contó con la participación de Bárbara Navarrete de OPES, Karina Delfino alcaldesa de Quinta Normal, Tomás Vodanovic alcalde de Maipú, Javiera Reyes alcaldesa de Lo Espejo, y Laura Mlynarz presidenta de la FECH, quien moderó la jornada. Más de 200 estudiantes asistieron a la actividad.

Durante el conversatorio se examinaron los impactos de la denominada “Mega Reforma” en los gobiernos locales, haciendo énfasis en cómo afecta la capacidad municipal para garantizar servicios públicos, seguridad local y prestaciones esenciales para las comunidades.

También se analizaron las consecuencias de los cambios en las contribuciones, el funcionamiento del Fondo Común Municipal y la urgencia de una nueva Ley de Rentas Municipales que permita disminuir las brechas entre comunas.

Bárbara Navarrete cuestionó el carácter regresivo de las medidas tributarias del Gobierno: “La reforma de contribuciones es altamente regresiva y acentúa la desigualdad. Beneficia de forma desproporcionada a los tramos de mayores ingresos: el 79% del impacto de la rebaja del impuesto de primera categoría tiene por beneficiario al 1% más rico. Lo mismo pasa con la reintegración tributaria y con varias otras de las medidas que podemos analizar”.

Karina Delfino señaló las profundas diferencias de financiamiento entre municipios del país y la relevancia del Fondo Común Municipal: “Yo acá tengo una crítica profunda sobre toda la derecha que caricaturiza lo que es el Estado, como si el Estado fuera compuesto por las personas que no hacen nada, y en realidad no es así. El Estado es la presencia del Estado y que precisamente nos hace tener una sociedad mejor.”

Tomás Vodanovic abordó cómo se han naturalizado las desigualdades territoriales en las ciudades: “Hemos naturalizado las desigualdades en la ciudad. Pareciera normal y lógico que Vitacura sea una mucho más bonita que San Ramón, que cuando uno camina por Providencia, todas las veredas son bonitas de adoquines y está todo verde. Y cuando uno camina por otras comunas, tenemos muchas veredas rotas, áreas verdes que no existen, tierra por todos lados, calles que es imposible reparar. ¿Y eso por qué creen que ocurre? No, porque hay una ciudad que se organiza bajo una desigualdad brutal, donde el Estado, a través de su municipio, le asigna diez veces más presupuesto per cápita a una comuna que a otra”.

Javiera Reyes enfatizó la necesidad de avanzar hacia políticas redistributivas para enfrentar las desigualdades estructurales entre comunas: “No se puede hacer más con menos, no es posible, tampoco se puede hacer lo mismo con menos. Y en ese sentido, lo que nosotros buscamos hoy día es que puedan haber más políticas que redistribuyan recursos de formas distintas y que dejen de darle un valor bajo a comunas que históricamente han estado perjudicadas por el sistema, por las fórmulas que tiene el sistema actual y que puedan generarse políticas que equiparen la cancha.”

Desde la FECH destacaron la importancia de llevar estas discusiones al espacio universitario, considerando que el financiamiento municipal tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana de las personas y las desigualdades entre territorios. Laura Mlynarz afirmó: “Hablar de financiamiento municipal es también hablar de desigualdad territorial y de la capacidad que tenemos como sociedad de garantizar servicios públicos de calidad independiente de la comuna en la que vivamos. Como FECH creemos que es fundamental que estas discusiones también estén presentes en la universidad y que podamos generar espacios de formación y debate sobre decisiones que afectan directamente a nuestros territorios”.

El conversatorio se realizó en el marco del primer ciclo formativo de la FECH, compuesto por tres módulos: “Un Nuevo Modelo de Financiamiento de Educación Superior”, “Los efectos de la Mega Reforma para los Gobiernos Locales” y “Agenda anti trabajadores: Analizando la Reforma Laboral de Kast”. El ciclo ha contado con la participación del exministro Giorgio Boccardo, el presidente de la CUT, el exsubsecretario Víctor Orellana y el experto Alexis Cortés, entre otros. En total, más de 500 estudiantes han participado en esta iniciativa formativa.

La FECH indicó que el ciclo busca fortalecer la formación y pensamiento crítico de los estudiantes, generando espacios de encuentro con autoridades, expertos y actores sociales para discutir las principales transformaciones que enfrenta el país.

La jornada del jueves fue el tercer y último módulo de este ciclo formativo, consolidando una instancia que durante el semestre permitió abordar desde distintas perspectivas el financiamiento de la educación superior, las transformaciones en gobiernos locales y los cambios en materia laboral.

La Federación reafirmó su compromiso con continuar impulsando espacios de formación y discusión abiertos a la comunidad universitaria, vinculando el debate nacional con sus efectos concretos sobre las condiciones de vida de las personas y los territorios.

Con Información de elsiglo.cl

La entrada FECH convoca encuentro con autoridades municipales para debatir políticas de oposición al gobierno Kast se publicó primero en ChileLindo.