De acuerdo con los datos disponibles, la perspectiva económica es somría para la población, mientras que las medidas implementadas por la administración favorecerían principalmente a los sectores de mayor ingreso.

El IMACEC registró una caída del 0.9%, situando el crecimiento económico en un punto crítico. En el primer semestre del año, el PIB experimentó una contracción del 0.5%, con disminuciones en la minería y la producción industrial, mientras que el aumento del salario mínimo fue muy reducido.

Desde marzo, el Banco Central ha señalado que la economía chilena enfrenta “un grado de incertidumbre mayor al habitual”, elevando su estimación de inflación del 3.2% al 4% y reduciendo la proyección de crecimiento anual a un rango entre 1.5% y 2.5%. Diversas instituciones y expertos anticipan un crecimiento entre uno y dos puntos, muy por debajo de los cuatro puntos prometidos por el gabinete ministerial en marzo.

Estos indicadores se correlacionan con un aumento de personas endeudadas con pagos impasos, cifra que supera los cuatro millones de chilenos con deudas en distintos rubros y que continúan endeudándose.

El costo de la vida experimentó un aumento del 2.8% en el primer semestre y de 4.3% en período anual, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Sin embargo, economistas y centros de estudios independientes consideran que estos porcentajes serían mayores. La población enfrenta incrementos significativos en alimentos, transporte, vestuario, educación, créditos, medicinas, vivienda y recreación. La Canasta Básica Alimentaria registró un aumento anual del 4.1% a marzo, y Sandra Quijada, investigadora del Centro de Estudios Públicos, señaló que “esto nos dice que los costos de los alimentos están casi duplicando al de la inflación en general, y allí hay un fuerte impacto en los bolsillos de los chilenos, sobre todo en el de los hogares más vulnerables”.

El Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 2.8% en lo que va de 2026 y en 4.3% en doce meses, según el INE.

Más del 70% de las empresas trasladará al menos una parte de los mayores costos a los precios de sus productos o servicios, porcentaje que alcanza el 76% en el sector comercio, conforme a una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago.

Otros elementos han impactado negativamente en la economía familiar chilena. Se registró un alza histórica de 30% en el precio de la gasolina y de 60% en el diésel. Asimismo, las Unidades de Fomento han aumentado cerca de 10.000 pesos en los últimos cinco años, pasando de 30.000 a 40.000, elevando considerablemente las deudas de millones de personas, especialmente en pagos de vivienda.

El desempleo se aproximó al 10%, sin indicios de una disminución consistente. Aunque la administración actual anunció un “modo empleo”, Luis Cuello, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, declaró que “me parece que la consigna ‘modo empleo’ es una broma de muy mal gusto para las familias chilenas, toda vez que ha sido el gobierno el que con su política económica ha creado una emergencia laboral, a través de los recortes a los presupuestos de salud, de educación, de obras públicas y elevando el costo de la vida por el bencinazo”.

Una encuesta de Criteria indicó que a mediados de marzo, cuando inició esta administración, el 23% de las personas creía que la situación económica empeoraría en los próximos seis meses, cifra que actualmente alcanza el 43%.

La economía chilena no muestra dinamismo y desde el gobierno no se materializan acciones que generen optimismo.

El gobierno de José Antonio Kast ha reducido presupuestos para políticas públicas, realizó el mínimo aumento del salario mínimo, planea reducir impuestos a las grandes empresas, propone que los trabajadores laboren más horas y ahorren para indemnizaciones en caso de despido, sin establecer controles de precios en áreas sensibles como alimentos y arriendos.

Centros de estudio progresistas y de izquierda han señalado que se pudo evitar el alza de combustibles sin impactar a las familias chilenas. Indicaron que el Fondo de Estabilización Económica y Social disponía de casi 4.000 millones de dólares a fines de febrero, y que el precio del cobre proyectado para 2026 supera en 0.60 dólares por libra lo presupuestado, generando ingresos fiscales adicionales de entre 2.400 y 3.600 millones de dólares. Por tanto, “la decisión de no usar esos recursos y traspasar el shock íntegro a las familias no fue una decisión técnica inevitable: fue una decisión ideológica”.

Estos análisis señalaron que “un alza del 10% en combustibles se traduce directamente en 0.44 puntos de IPC. Pero el efecto real es mayor: sube el costo del transporte, sube el costo de producción de alimentos y bienes básicos, las panaderías son el ejemplo más gráfico, y ese impacto se traspasa a precios con rezago”.

Se indicó también que “las Pymes y los trabajadores independientes son los más golpeados y las medidas paliativas no llegan: Las empresas pequeñas y medianas, con poco capital de trabajo y márgenes ajustados, no pueden traspasar el alza a sus precios de manera inmediata. Absorben el golpe directo en sus márgenes o reducen actividad. El gobierno prometió medidas compensatorias para taxistas y colectiveros, pero en la práctica ha tenido serios problemas para implementar los pagos. Es decir: los más vulnerables del sector productivo reciben el shock completo y la ayuda prometida no llega”.

Se aclaró además que “la declaración de que ‘el Estado está quebrado’ es falsa y tiene costo real: Afirmaciones del tipo ‘no hay plata’ o ‘el Estado está quebrado’, contradichas por los propios datos de reservas y clasificación de riesgo del país, dañan la imagen internacional de Chile y desincentivan la inversión que el propio gobierno dice querer atraer. Nadie invierte en un país que su propio gobierno declara quebrado”.

El panorama presente es complicado, con un futuro incierto y potencialmente negativo.

Con Información de elsiglo.cl

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