La creciente inseguridad en varias comunas ha llevado a la Contraloría a publicar un informe que evidencia el incumplimiento por parte de ciertos municipios, incluyendo algunos en la provincia del Biobío.
Un alarmante grado de incumplimiento en la entrega de información sobre seguridad pública por parte de los municipios ha sido destacado en el último Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República (CGR). El reporte indica que 312 municipalidades del país, esto es, el 90% del total, no han proporcionado a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) la información pertinente a sus Planes Comunales de Seguridad Pública, ni las actas de las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública para el período 2024-2025.
En la Provincia del Biobío, la situación es especialmente difícil, donde comunas como Alto Biobío y Mulchén se encuentran entre las 110 municipalidades clasificadas como de carácter “Urgente”, es decir, con un alto riesgo de vulnerabilidad socio-delictual. En el caso de Alto Biobío, además, no se han reportado sesiones del Consejo de Seguridad en años recientes, según la información proporcionada por el organismo contralor.
Plan de seguridad en municipios del Biobío
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades requiere que las administraciones locales mantengan un Plan Comunal de Seguridad Pública actualizado y que se reúnan mensualmente a través del Consejo Comunal, con el fin de coordinar esfuerzos entre autoridades locales, fuerzas de seguridad, entidades públicas y la comunidad. Sin embargo, la realidad está muy lejos de cumplir con estas normativas.
El informe advierte que “la falta de un plan vigente y la ausencia de sesiones regulares del consejo comunal de seguridad afectan la coordinación entre los actores responsables, lo que resulta en acciones improvisadas y poco efectivas frente a la delincuencia”.
Esto impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes, sobre todo en comunas vulnerables como Tirúa, que también forma parte de la región del Biobío y que enfrenta históricamente desafíos relacionados con la seguridad. Asimismo, la situación se ve agravada por los incumplimientos que afectan directamente a la comunidad.
El informe menciona que 24 municipios a nivel nacional tienen sus planes vencidos desde febrero de 2025, y 40 gobiernos locales no han enviado la información requerida a la Subsecretaría, en claro incumplimiento de la Ley 18.695. Entre los municipios con planes vencidos se encuentran algunos con altos índices de riesgo, como La Florida; sin embargo, no se confirma si Alto Biobío o Mulchén están en la misma situación en la región del Biobío.
Consejo Comunal de Seguridad
Un dato aún más preocupante es que 72 municipios enviaron las actas del Consejo Comunal de Seguridad con más de un año de retraso, mientras que 19 municipios no reportaron ninguna sesión en los últimos años. Dentro de este último grupo se encuentra nuevamente Alto Biobío, lo que evidencia una falta de gestión consistente frente a una problemática que afecta directamente a sus ciudadanos.
La Contraloría enfatiza que este nivel de incumplimiento no solo representa una vulneración legal, sino que también incrementa la exposición de la población a delitos y disminuye drásticamente la eficacia de las políticas públicas en seguridad. La falta de coordinación y comunicación entre instituciones perjudica a los propios habitantes de las comunas, que ven afectada su tranquilidad y confianza en las autoridades.
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Con Información de elcontraste.cl
