Esta iniciativa facilitará la transformación de vehículos de combustión en eléctricos en talleres autorizados, mejorando la seguridad vial, reduciendo emisiones y creando nuevas oportunidades para el desarrollo tecnológico.
El Senado ha dado luz verde a una ley que regula la conversión de vehículos de combustión interna a sistemas eléctricos, estableciendo que este proceso se llevará a cabo únicamente en talleres certificados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Esta medida busca asegurar procedimientos seguros, evitar intervenciones informales y avanzar hacia un transporte más limpio en el país.
El senador Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Transportes, subrayó la relevancia de este avance legislativo, particularmente para la región de O’Higgins, donde ya se están implementando iniciativas vanguardistas en la reconversión eléctrica.
“Hemos aprobado un proyecto de ley que permite transformar vehículos de gasolina o diésel a eléctricos. En nuestra región de O’Higgins, sobre todo en Rancagua, existe un grupo pionero que ha estado haciendo esto para el transporte de la División El Teniente de Codelco y en diversas líneas de transporte. Jóvenes emprendedores están apostando por energía limpia, acorde a lo que requerimos en el siglo XXI y, con suerte, a un costo mucho más accesible”, comentó.
Además, el parlamentario enfatizó que la ley “impulsa un cambio significativo hacia energías limpias en el transporte”, contribuyendo a la justicia ambiental y al avance en nuevas tecnologías.
Esta iniciativa incorpora lecciones aprendidas sobre seguridad vehicular y responde a la necesidad de establecer un marco regulatorio claro para las transformaciones eléctricas, que incluyen la intervención de sistemas críticos como frenos, baterías, estructura y matriz eléctrica de los vehículos. También fortalece las capacidades de fiscalización y sanción para disuadir talleres no autorizados y proteger a conductores, pasajeros y peatones.
El proyecto recibió apoyo unánime y se espera que el reglamento para su implementación se dicte en un plazo de tres meses, permitiendo que esta política pública entre en vigor rápidamente.
Con Información de www.diarioelpulso.cl
