En diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que refuerza la institucionalidad en el ámbito de la seguridad municipal pública, relacionado con los boletines 15940 y 15984. Esta iniciativa, que inició su tramitación en 2023, surge de la combinación de un proyecto del Gobierno y una moción destinada a regular los comités de seguridad vecinal y rural.
La nueva legislación aborda el papel de los municipios en cuatro áreas clave:
- Prevención
- Coadyuvancia
- Colaboración
- Complementariedad
Esto se desarrollará sin menoscabo de las funciones del Ministerio de Seguridad Pública y otros organismos con atribuciones en este ámbito.
Las municipalidades tendrán como tarea principal y prioritaria la prevención del delito. Para ello, podrán desarrollar estrategias sociales, comunitarias y específicas, tomando en cuenta la realidad territorial, el presupuesto, la población, la geografía y los problemas particulares de cada comuna.
Asimismo, los gobiernos regionales podrán apoyar a las municipalidades en la elaboración, implementación y financiamiento de planes y proyectos de seguridad pública comunales.
Inspectores de seguridad municipal
La ley establece un marco regulatorio específico para las inspectoras e inspectores de seguridad municipal, definiendo requisitos de nombramiento, incompatibilidades, deberes, formación obligatoria y causas de cesación.
Además, la normativa regula la provisión de equipos defensivos y de protección personal, incluyendo cascos, chalecos antibalas, lentes, esposas, bastones retráctiles y elementos lacrimógenos, así como dispositivos de pulsación eléctrica.
Otras medidas de seguridad municipal
Entre las nuevas disposiciones, se establece que el director o directora de seguridad municipal, así como las inspectoras e inspectores, el alcalde y los miembros del Concejo Municipal, deberán someterse a controles de consumo de drogas regulados por un reglamento.
Si se detecta consumo no justificado por prescripción médica, se procederá a su cesación, respetando la dignidad, privacidad y protección de datos personales.
Además, las municipalidades podrán implementar sistemas de televigilancia, alertas ciudadanas y análisis de datos, con estrictas regulaciones que prohíben la captura de sonidos, permitiendo únicamente el registro de imágenes con fines preventivos.
La norma también fortalece la composición y funcionamiento de los consejos comunales e intercomunales de seguridad pública, ampliando su integración y reforzando la obligación de participación.
Por último, se creará un comité de coordinación operativa que se encargará de ejecutar y supervisar el plan comunal de seguridad pública, mejorando la articulación institucional a nivel local.
Con Información de osornoenlared.cl
