En años recientes, ha ganado popularidad la opción de pagos en cuotas sin intereses en los comercios, algo que antes no era tan habitual antes de 2020. En el pasado, solo los emisores de tarjetas tenían la autoridad para decidir cuándo y dónde ofrecer esta alternativa, pero ahora también las redes de adquirencia, como Transbank, impulsan estas promociones.
Claudio Ortiz, presidente de la Asociación del Retail Financiero, expresó su inquietud a La Tercera respecto a esta tendencia, ya que considera que existe un vacío regulatorio que necesita atención por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Banco Central.
Según Ortiz, ofrecer cuotas sin interés sin la aprobación de los emisores puede provocar sobreendeudamiento entre los consumidores y perjudicar las carteras de los emisores.
Ortiz explica que antes de la transición al modelo de cuatro partes, los emisores utilizaban las cuotas sin interés como una estrategia de promoción para retener a los clientes, pero ahora esta opción se implementa sin su consentimiento. A su vez, menciona que el emisor tiene que pagar al comercio, aunque el cliente no cumpla con sus pagos, lo que crea un desbalance en el mercado.
La Asociación del Retail Financiero también había solicitado con anterioridad una regulación del «adelantamiento de cuotas», donde los comercios recibían la totalidad de la venta de manera inmediata, aun cuando el cliente elegía pagar en cuotas. Sin embargo, este año la CMF ordenó a Transbank suspender este servicio, afectando a ciertos comercios.
El presidente de la Asociación del Retail Financiero considera que 2024 representa un año de transición económica, con perspectivas de mejora, aunque también con inquietudes sobre el empleo informal y su repercusión en la morosidad y el acceso al crédito formal. Además, menciona un «estrés regulatorio» que tiene repercusiones en los medios de pago y en el Retail Financiero, incrementando los costos operativos y tecnológicos.
Ortiz subraya la urgencia de regular las cuotas sin interés y sin el consentimiento de los emisores, así como la necesidad de avanzar en la ley de fraude con tarjetas. Aunque esta última ha disminuido el fraude, aún se requieren reglamentaciones adicionales. También existe incertidumbre respecto a las tasas de intercambio y los efectos de la ley Fintech.
Finalmente, Ortiz señala la implementación de una nueva normativa que busca regular el pago mínimo de las tarjetas de crédito, lo que podría tener un efecto adverso en la mayoría de los consumidores. Además, expresa su preocupación por los gastos adicionales y el incremento de costos operacionales derivados de la ley Fintech y la puesta en marcha de la ley de datos personales.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
