Por Bernardo Candia Henríquez
El caso de tortura en el Hospital Base de Osorno no solo impacta por su brutalidad, sino que también plantea serias interrogantes. ¿Cómo es posible que funcionarios públicos, en plena pandemia, hayan humillado y vejado sistemáticamente a un joven profesional con trastorno del espectro autista? ¿En qué momento perdimos de vista la vida y la dignidad humana?
Los responsables han sido identificados, y lo más indignante es que, a pesar de las evidencias audiovisuales, algunos de ellos seguían trabajando hasta hace poco. ¿Quién los protegía? ¿Dónde estaban los directivos de entonces? ¿Qué han hecho las autoridades actuales al respecto?
El hospital, un lugar que debería ser sinónimo de cuidado y sanación, se ha convertido en un espacio de sufrimiento. Recordemos que en 1973 fue utilizado también como centro de detención y tortura. Es inaceptable que vuelva a estar asociado a estos actos atroces. No se trata simplemente de «filtraciones», como parecen preocuparse algunos, sino de crímenes contra la dignidad humana.
Exigimos que la ministra de Salud actúe con firmeza: es necesario destituir a los responsables jerárquicos por omisión o complicidad, y que la Fiscalía no titubee en su accionar. Este caso no puede quedar impune. Los valores fundamentales como la empatía, el respeto y la justicia no deben ser negociables en ninguna institución pública.
Con Información de osornoenlared.cl
