La presión política sobre el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, aumentó notablemente este miércoles, tras la presentación de una moción de destitución por parte de la oposición. Esto ocurrió después de la polémica declaración y posterior revocación de la ley marcial en menos de 24 horas.
El Partido Demócrata, que lidera la oposición, junto con otras cinco formaciones políticas, logró reunir a 192 diputados para respaldar la moción en la Asamblea Nacional. La votación está prevista para los próximos días, y se requiere el apoyo de al menos 200 de los 300 parlamentarios para que la moción sea aprobada y el presidente sea suspendido mientras el Tribunal Constitucional evalúa la situación.
El conflicto surgió cuando Yoon defendió la imposición de la ley marcial durante un mensaje en televisión, argumentando que era necesaria para salvaguardar el «orden constitucional» ante supuestas actividades «antiestatales» por parte del Partido Demócrata, al que tachó de «pronorcoreano». Sin embargo, horas después, el mismo Legislativo, que está bajo el control de la oposición, derogó la ley, obligando al gobierno a dar marcha atrás.
El Partido Demócrata consideró la declaración de la ley marcial como una «violación de la Constitución» y exigió la renuncia inmediata de Yoon. También señalaron que esta acción constituye un intento de «rebelión interna» que debe ser investigado. Además, incluso dentro del Partido del Poder Popular, el partido aliado de Yoon, se escucharon críticas hacia la medida, lo que demuestra divisiones en el gobierno.
Al mismo tiempo, se llevaron a cabo grandes manifestaciones frente a la Asamblea Nacional demandando la dimisión del presidente, desafiando las restricciones que había durante la breve vigencia de la ley marcial. Sindicatos encabezados por la Confederación Coreana de Sindicatos anunciaron una huelga indefinida hasta que Yoon renuncie, mientras grupos opositores siguen presionando con movilizaciones frente al Parlamento.
Si la moción es aprobada, Yoon sería suspendido de sus funciones mientras el Tribunal Constitucional decide, en un plazo máximo de 180 días, si procede su destitución por violaciones a la Constitución. La situación plantea un escenario complicado para la estabilidad política del país y para la continuidad del gobierno de Yoon Suk-yeol.
Con Información de hoysantiago.cl
