En un suceso sin precedentes, varias empresas del sector forestal en Los Ángeles han sido imputadas por comprar madera robada proveniente de los fundos de Forestal Mininco, con solo una de ellas eligiendo no colaborar con la justicia.
La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía ha hecho historia en la lucha contra el crimen organizado en el ámbito forestal, al formalizar por primera vez en Chile a entidades jurídicas por el delito de receptación. Un total de siete empresas del sector maderero fueron acusadas por la compra de madera robada en 2022, en el marco de una investigación dirigida por el fiscal Enrique Vásquez, junto con el OS-9 de Carabineros.
Las empresas formalizadas incluyen Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SpA, Aserraderos Los Castaños Ltda., Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA). Según el Ministerio Público, estas compañías adquirieron madera hurtada de terrenos en las comunas de Galvarino y Collipulli, pertenecientes a Forestal Mininco.
Los responsables del robo han sido identificados como Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, líderes de una organización criminal que ya ha sido condenada a cinco años de prisión por hurto y asociación ilícita, después de que se revelara la investigación realizada por el personal policial especializado junto con el Ministerio Público.
“El objetivo fue desmantelar la cadena de producción del delito, no solo persiguiendo a quienes roban la madera, sino también a quienes la compran con conocimiento —o sin la posibilidad de ignorar— su origen ilícito”, afirmó el fiscal Enrique Vásquez.
Avances en Los Ángeles y La Araucanía
El fiscal añadió que la investigación ha logrado identificar a diez empresas involucradas, de las cuales siete ya han sido formalizadas y las otras tres serán acusadas en breve. En cada uno de esos casos, también fue imputada la persona que actuó en representación de la empresa en el momento de la compra.
“Estamos ante un hecho significativo: la primera imputación contra entidades jurídicas por un delito específico, en este caso, por receptación”, resaltó Vásquez, subrayando la importancia de abrir paso a futuras investigaciones sobre este delito, el cual se ha vuelto recurrente en la zona.
Como parte del proceso judicial, seis de las siete empresas aceptaron una suspensión condicional del procedimiento, comprometiéndose a realizar aportes que, en total, superan los 80 millones de pesos, destinados a escuelas rurales en Galvarino, beneficiando a niños y adolescentes de la región.
Una empresa rechazó la salida alternativa
Sin embargo, la empresa PROMASA optó por no acogerse a esta opción alternativa. De acuerdo con la investigación, dicha compañía habría adquirido más de 2.300 metros cúbicos de madera robada, por un valor superior a los 144 millones de pesos.
“Esperamos presentar una acusación en su contra. La investigación sigue en curso respecto a la persona que compró la madera directamente y también en relación con la empresa que no cumplió con las medidas necesarias para evitar incurrir en un delito”, concluyó el fiscal Vásquez.
Este caso representa un punto de inflexión en la forma en que el Estado enfrenta el robo de madera en Biobío y La Araucanía. La meta es no solo sancionar a quienes cometen el delito, sino también a aquellos que indirectamente lo financian al adquirir productos de origen ilícito.
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Con Información de elcontraste.cl
