Una investigación de la Fiscalía, iniciada a raíz de una denuncia realizada por Carabineros de Chile, resultó en la formalización ante el Juzgado de Garantía de La Serena por los delitos de receptación, obstrucción a la investigación, malversación de bienes públicos o privados, falsificación de un parte policial y tenencia ilegal de municiones.
Los imputados incluyen a un comerciante (acusado de receptación) y cuatro exfuncionarios de Carabineros.
La Fiscalía formalizó a los expolicías, quienes, en septiembre pasado, participaron en un procedimiento relacionado con la sustracción de bienes, específicamente bebidas alcohólicas. Durante este procedimiento, parte de las especies recuperadas no fueron reportadas de forma adecuada y, supuestamente, fueron entregadas a un comerciante de un restaurante en la comuna por los imputados.
Los cuatro exuniformados enfrentan cargos por obstrucción a la investigación y malversación de bienes públicos o privados; no obstante, uno de ellos también fue formalizado por los delitos de tenencia ilegal de municiones y falsificación de un parte policial, lo que implica falsificación de un documento oficial.
La Fiscal jefa de La Serena, Ninoska Mosnich, mencionó que «la denuncia provenía de la propia institución de Carabineros, lo que condujo a una investigación que permitió establecer que cuatro funcionarios de la prefectura Elqui habrían incurrido en delitos de obstrucción a la investigación, malversación de bienes públicos y uno de ellos también por falsificación de documento público y tenencia ilegal de municiones”.
Además, añadió que “gracias a esta denuncia se inició una pesquisa con la Sección de Asuntos Internos de Carabineros, quienes, de manera muy eficiente, comenzaron a recabar las pruebas necesarias para respaldar las acusaciones del Ministerio Público”.
La fiscal también indicó que «finalmente, los hechos llevaron a obtener órdenes de detención y de entrada y registro en dos viviendas, culminando en la incautación de teléfonos celulares y municiones en relación a uno de los funcionarios, así como teléfonos y dispositivos digitales en el caso del civil implicado. La investigación se llevó a cabo de manera reservada y se formalizó el 7 de enero de 2026”.
El exfuncionario policial formalizado por cuatro delitos quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que los otros tres funcionarios y el comerciante tienen prohibido salir del país y deben firmar semanalmente, según lo dictado por el juez de garantía.
Cabe destacar que la investigación se establecerá con un plazo de 70 días.
(Imagen: Fiscalía)
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