Alcaldes, fuerzas policiales y el Ministerio Público identificaron puntos críticos en seguridad, como accesos sin control, carencias en recursos y la ausencia de brigadas investigativas, durante el debate sobre la implementación de la nueva normativa.
Con una amplia participación de autoridades a nivel nacional, regional y comunal, se llevó a cabo el conversatorio regional sobre la nueva Ley de Seguridad Municipal en San Fernando. Este espacio permitió abordar la inminente implementación de la ley y recoger las principales inquietudes de la población frente al aumento de la delincuencia en la región de O’Higgins.
El evento fue liderado por el senador Juan Luis Castro y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y contó con la presencia de alcaldes, representantes del Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), diputados electos, consejeros regionales, concejales y miembros de la sociedad civil.
Durante el encuentro, el senador Castro subrayó que la nueva ley —que se promulgará en los próximos días— es un avance significativo, pero enfatizó la necesidad de su implementación en el ámbito territorial. «Este instrumento debe materializarse en las regiones. Los municipios a menudo se sienten impotentes frente al delito, enfrentando la falta de recursos mientras la ciudadanía se muestra indignada. Por ello, es fundamental discutir esta ley en el terreno, incluso antes de su publicación, para garantizar su aplicación rigurosa y colaborativa”, afirmó el parlamentario.
Por su parte, la subsecretaria Leitao mencionó que la normativa refuerza el rol preventivo de los municipios, protege a los funcionarios de seguridad y otorga nuevas herramientas para colaborar con las fuerzas policiales. También indicó que, tras la promulgación, habrá un periodo de seis meses para la implementación, capacitación y coordinación con los gobiernos locales. En este contexto, destacó logros preliminares en la región, como la disminución de homicidios, aunque enfatizó que «estos resultados deben profundizarse y ser visibles en la vida diaria de la ciudadanía».
La alcaldesa de Mostazal, Verónica Arroyo, consideró la ley una herramienta esperada por los municipios, aunque advirtió sobre debilidades en el control territorial, citando la Cuesta Chada como un acceso vulnerable que facilita el ingreso de delincuentes.
En la misma línea, el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, destacó la necesidad de fortalecer la investigación en su comuna, solicitando nuevas brigadas especializadas de la PDI para abordar mejor los delitos complejos. Estas demandas fueron respaldadas por el prefecto de la PDI, Richard Biernay Arriagada, quien también coincidió en la necesidad de reforzar las capacidades operativas en la región.
Desde el ámbito policial, el General Guillermo Bohle Guichacoi, jefe de la Sexta Zona de Carabineros, agradeció el reciente aumento de personal en la región, aunque reconoció que aún es insuficiente para enfrentar el fenómeno delictual. Por otro lado, el representante regional del Ministerio Público, Aquiles Cubillos, enfatizó la urgencia de fortalecer la Fiscalía Regional en términos de recursos humanos y capacidades investigativas.
Nuevas atribuciones y estándares para la seguridad municipal
La nueva Ley de Seguridad Municipal reconoce el papel preventivo de los municipios en la seguridad pública, crea la figura del inspector de seguridad municipal y refuerza la protección de los funcionarios frente a agresiones. También establece mecanismos de coordinación con Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, regula el uso de tecnologías como la televigilancia y permite nuevas formas de contratación de personal de seguridad. Se añaden exigencias de probidad, como la obligación de realizar exámenes de drogas a los directores de seguridad, inspectores municipales, alcaldes y concejales, junto con estándares comunes de capacitación y control, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito desde las comunidades.
Este conversatorio logró establecer un diagnóstico compartido y fomentar un diálogo directo entre el nivel central y los territorios, reiterando que la seguridad pública demanda acciones coordinadas y constantes en el tiempo. En este sentido, las autoridades coincidieron en que la nueva Ley de Seguridad Municipal puede ser una herramienta esencial para respaldar la prevención del delito, siempre que se acompañe con los recursos adecuados, coordinación institucional y un compromiso sostenido del Estado en la región de O’Higgins.
Con Información de www.diarioelpulso.cl
