El Senado aprobó un proyecto que prohíbe el uso de celulares en todos los niveles educativos, que entrará en vigor en marzo de 2026.
Este miércoles, la Sala del Senado dio su visto bueno al proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles y dispositivos de comunicación personal en niveles parvulario, básico y medio de todas las instituciones educativas del país. Ahora, la iniciativa avanza a su tercera tramitación legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El documento fusiona siete mociones y considera las modificaciones planteadas por la Comisión de Educación, que amplió la restricción a todos los niveles escolares. También establece un marco claro de derechos y deberes para estudiantes, padres y educadores, con el fin de regular el uso de la tecnología en el entorno educativo.
El senador Gustavo Sanhueza, presidente de la comisión, explicó que la medida busca salvaguardar los procesos de aprendizaje y reforzar la función de las familias. “No se trata solo de una prohibición, sino de establecer normas claras para un uso responsable de la tecnología”, manifestó. También subrayó que los padres deberán monitorear el uso de dispositivos fuera del horario escolar.
El proyecto incluye una nueva responsabilidad para el Estado, que deberá fomentar un uso seguro, responsable y educativo del contenido digital dentro del sistema escolar. “Queremos que el sistema enseñe a relacionarse con la tecnología sin que interrumpa el aprendizaje”, añadió Sanhueza.
Excepciones y regulaciones
La norma prevé excepciones en los casos en que el celular sea utilizado como herramienta pedagógica, apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales, dispositivo para monitoreo de salud o en situaciones de emergencia, desastre o catástrofe.
Asimismo, se permitirá un uso excepcional si un padre lo solicita de forma justificada por motivos de seguridad. En educación media, las instituciones podrán establecer espacios u horarios específicos para su uso, considerando la autonomía progresiva de los estudiantes.
Implementación y evaluación
Si el proyecto se convierte en ley, las escuelas deberán actualizar sus reglamentos internos a más tardar el 30 de junio de 2026. Además, el Ministerio de Educación deberá entregar en marzo de 2030 un informe integral que evalúe el impacto de la medida en la convivencia escolar, el rendimiento académico, el bienestar socioemocional y las brechas digitales.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
