SAN BERNARDO.- El fiscal adjunto Rubén Salas pidió a la PDI que convoquen a los concejales actuales de la comuna a declarar como testigos en el caso de fraude al fisco que involucra a la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI).
Según La Tercera, la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) deberá interrogar a: Karina Leyton (PS), Leonel Navarro (P. Radical), Cristina Cofré (PC), Romina Baeza (FA), Jaime López (FRVS), Carolina Fuentealba (P. Rep.), Juan Rivera (P. Rep.), María Jesús Núñez (P. Rep.), Marcela Novoa (RN) y Mariela Araya (UDI).
Es importante mencionar que la concejala Mariela Araya es sobrina de Nora Cuevas y expareja del exjefe de finanzas del municipio, Mario Astorga, quien también está en la mira de la investigación.
Además, se envió un oficio a la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo para que entreguen copias de las rendiciones de cuentas de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).
Se alega que la Corporación está endeudada debido a gastos no justificados con los fondos FAEP, que son recursos otorgados por el Ministerio de Educación para mejorar la educación en los colegios públicos.
Según la denuncia presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entre 2015 y 2017 no se hicieron rendiciones adecuadas que explicaran el uso de más de 4.000 millones de pesos, los cuales aparentemente no fueron usados para lo que correspondía.
Los detalles son los siguientes: $1.648.452.435 en 2015; $946.589.003 en 2016, y $1.652.244.411 en 2017.
“Esos recursos no eran para sueldos ni fiestas, eran para que los cabros tuvieran mejores colegios. Ahora la Municipalidad de San Bernardo tendrá que poner plata de su propio bolsillo para cubrir esta deuda. Esa plata, que debió ser para la educación de los niños de San Bernardo, desapareció o se malgastó”, comentó el actual alcalde, Christopher White (PS).
Nora Cuevas también enfrenta otra denuncia por fraude al fisco por irregularidades en fondos no rendidos de subvenciones escolares desde 2016 hasta 2020, con montos superiores a los $20.000 millones, presentada por el mismo municipio.
En esa causa, la exalcaldesa declaró ante la Fiscalía en 2024, señalando que “delegué la mayoría de las funciones y decisiones técnicas en la corporación, así que no tengo idea de cómo se manejaron esos aportes. Quiero aclarar que mi rol fue más macro respecto a lo que hacía la corporación”.
Asimismo, la actual administración también enfrenta un proceso, ya que concejales de republicanos y UDI presentaron un requerimiento al Segundo Tribunal Electoral Regional de la Región Metropolitana para destituir a Christopher White.
En la acusación, lo acusan de notorio abandono de deberes, lo cual habría causado un “grave perjuicio patrimonial a la comuna”.
En concreto, además de mencionar las deudas de la Corporación Municipal de Educación y Salud, también se denuncia que en 2022 se firmaron convenios y contratos colectivos sin suficiente respaldo presupuestario, generando un déficit financiero de más de $3.300 millones.
Fuente: La Tercera
Con Información de delh.cl
