SAN BERNARDO.- Un embargo afecta a al menos tres sedes de juntas de vecinos debido a una deuda laboral solidaria del municipio de San Bernardo que supera los 3 mil millones de pesos.
El problema proviene de 25 demandas laborales presentadas por 315 guardias de seguridad de una empresa que fue desvinculada en 2022. Cada demanda podría resultar en el embargo de diferentes propiedades, amenazando así numerosas propiedades municipales. La deuda sigue creciendo, aproximadamente en $35 millones mensuales.
Recientemente, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo autorizó el remate de la sede de El Rompimiento N°16330, programado tentativamente para el 13 de junio de 2025 a las 12:00 horas. Desde la municipalidad, afirman que explorarán todas las vías legales antes de efectuar un pago, pero vecinos y concejales critican su “pasividad”.
Año pasado, una orden de arresto fue emitida contra el alcalde White por esta situación, aunque se suspendió tras un decreto que ordenó el pago de $107 millones.
A principios de agosto de 2022, en la primera gestión del alcalde reelecto Christopher White, los guardias de la empresa Miva S.P.A. se autodespidieron, alegando impago de cotizaciones y diferencias en gratificaciones y sueldos.
El abogado de los guardias, Rodrigo Campos, indicó que todas las acciones legales resultaron en condenas para la municipalidad, bajo la responsabilidad solidaria que implica que el municipio debe cubrir lo que la empresa debe a los trabajadores. Campos enfatiza que Miva no quebró, sino que dejó de cumplir con los pagos, lo que califica como apropiación indebida.
El abogado sostiene que la municipalidad no monitoreó esta situación, permitiendo que la deuda aumentara a más de $3 mil millones, lo que se incrementa mensualmente en $35 millones debido a la “Ley Bustos”, que añade un sueldo mensual adicional por cada trabajador afectado mientras las cotizaciones no sean pagadas. Expresa sorpresa ante la falta de intentos de acuerdo por parte de San Bernardo.
“Hemos tratado de llegar a acuerdos en varias ocasiones, incluso cuando la deuda era menor. Siempre hubo rechazo. ¿Cuándo se conversará? ¿Cuando la deuda sea de $5 mil millones? Los abogados de la municipalidad estaban instruidos para dilatar el proceso, lo que significó costos adicionales. Estas tácticas generan gastos considerables”, dijo.
En este contexto, “seguiremos embargando”, señala, “porque el municipio no está dispuesto a pagar, así que la única forma de cobrar es embargar y rematar”.
Desde la municipalidad, argumentan que las demandas son resultado de graves faltas de la empresa Miva hacia sus trabajadores. Intentamos llegar a acuerdos que fueron rechazados por los abogados demandantes, aseguran.
El asunto fue planteado por la concejala Mariela Araya (UDI) durante una reunión del consejo, siendo respondido por el director jurídico, Álvaro González, quien afirmó que la municipalidad se defiende y que el remate aún no está confirmado, ya que se ha interpuesto un recurso de reposición.
El alcalde White subrayó que las demandas representan “deudas millonarias derivadas de procesos históricos”, y que se están buscando formas de enfrentar la situación. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, ya que Araya cuestionó las acciones tardías de la administración municipal.
Los ediles expresaron su preocupación por el impacto que esta situación tiene en las comunitarias, señalando que las sedes son vitales para el desarrollo social.
El dirigente de la villa Manuel Magallanes, Tomás Terán, criticó la falta de comunicación y considera que lo sucedido es “una falta de respeto”. En una reunión, asegura que se discutieron posibilidades de pago que luego no se concretaron.
Terán exigió transparencia y que se detenga el remate del 13 de junio, advirtiendo que esto podría sentar un “pésimo precedente”. Además, solicitó el cese del administrador municipal por su supuesta mala gestión.
CONTRALORÍA: CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE WHITE
Hace un año, la Contraloría General de la República publicó un informe adverso sobre la gestión de White, destacando hallazgos de $91 millones en desajustes financieros y un déficit de $3 mil millones por compromisos con organizaciones sindicales.
En 2023, la Contraloría también ordenó la finalización de un contrato con una empresa de asesorías que enfrenta acusaciones de corrupción.
Fuente: El Líbero.
Con Información de delh.cl
