La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado de Letras de Puerto Varas, que impone una multa de 800 unidades tributarias mensuales (UTM), cerca de $54 millones, a la empresa Aquacultivos S.A., que forma parte del holding CERMAQ. Esta sanción es por no cumplir con su obligación de mantener la limpieza y el equilibrio ecológico de la concesión acuícola «Puerto Philippi», situada en el Lago Llanquihue.
Los antecedentes se remontan a junio de 2019, cuando inspectores del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de la Dirección Regional Los Lagos encontraron una serie de desechos relacionados con la actividad acuícola en el centro que, en ese momento, era gestionado por la empresa denunciada.
En su fallo, la Corte desestimó el argumento de la empresa que sostenía que se estaba aplicando una doble sanción por los mismos hechos, violando el principio jurisdiccional non bis in idem. Se argumentó que los elementos identificados durante las fiscalizaciones de 2019 eran distintos a los hallazgos de controles de 2016 que ya habían sido objeto de una sanción previa. Además, el fallo resalta la presencia continua de residuos acuícolas, resultado de las repetidas omisiones en el deber normativo de mantener los fondos lacustres libres de contaminación.
Asimismo, el tribunal rechazó el argumento de la defensa de la salmonera sobre la prescripción de la acción judicial por parte del Servicio, aclarando que la obligación de limpiar y mantener los fondos lacustres reanuda la potestad sancionatoria si se encuentra incumplimiento en cada fiscalización.
Finalmente, al considerar la postura de la empresa sobre la inexistencia de una conducta sancionable en la Ley General de Pesca y Acuicultura debido a la falta de un deber de resultado, la Corte enfatizó que el Artículo 4° letra a) del Reglamento Ambiental para la Acuicultura establece claramente la obligación de tomar medidas preventivas contra el vertimiento de residuos y desechos que puedan afectar el equilibrio del fondo marino o lacustre. También se resalta el principio precautorio establecido en la normativa, que impone a los concesionarios un deber de máxima diligencia en la prevención de daños ambientales, sin importar la intencionalidad o naturaleza de las acciones que causaron dichos daños.
Cristian Hudson, director regional de Sernapesca Los Lagos, comentó al respecto que “este fallo, resultado de un largo proceso judicial, reafirma la necesidad de que la actividad acuícola se realice respetando estrictamente las normativas que la regulan, las cuales buscan asegurar su desarrollo y sustentabilidad, así como la de otras actividades productivas que conviven en la región”.
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