- Los documentos relacionados con la acción legal indican que Francisco Torres afirmó estar en condiciones de “sujetar el sumario” para permitir que el funcionario organizara sus asuntos y renunciara. De no hacerlo, podría enfrentar sanciones que lo inhabilitarían para ocupar cargos públicos.
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El conocido “Caso Audios Pucón” continúa en aumento. Tras la entrevista realizada por el suspendido director de la Dirección de Administración de Educación Municipal (Daem) de Pucón, Alejandro Durán, se presentó una denuncia por tráfico de influencias interpuesta por la concejal del Frente Amplio, Verónica Castillo; así como también una querella por el mismo motivo y además por extorsión que Durán presentó contra el Administrador Municipal, Francisco Torres, el asesor Iván Soriano y el jefe Jurídico Franco Tosti-Croce. El alcalde, Sebastián Álvarez, también manifestó que considera un “delito grave” el registro clandestino de los audios y señaló que podrían iniciar acciones legales por este hecho.
Aunque la grabación de Durán al alcalde Álvarez se hizo pública desde el inicio de su demanda por tutela laboral, donde solicita $60 millones; la grabación de la conversación entre el profesor Durán y Torres ha sido más restringida (a pesar de que hay un enlace para escucharla). Sin embargo, la querella de Durán, que hasta la fecha se encuentra pública en el sistema del Poder Judicial, incluye íntegramente la conversación sostenida con el Administrador en febrero de 2025.
El documento detalla la conversación de más de 20 minutos, y lo que podría considerarse más crítico inicia a los tres minutos con la intervención de Francisco Torres. “La razón de mi visita es la investigación que actualmente se lleva a cabo en el Ministerio Público. Sé que es de conocimiento público que el alcalde presentó una denuncia al Ministerio Público por malversación de fondos en el Departamento de Educación. Desde esa denuncia, he estado indagando sobre cómo ha funcionado la Administración. Cada vez que se aclara un tema, surgen más situaciones problemáticas”, expresó.
El documento continúa con las palabras de Torres: “Quiero ser muy claro en lo que le voy a decir, he instruido al Director Jurídico que no inicie un sumario administrativo, puesto que hay una distinción entre la investigación penal y la que podría llevar a cabo la Contraloría para determinar responsabilidades.” Torres menciona que la información recabada sugiere que hay más que simples delitos administrativos vinculados a la malversación de fondos públicos.
Más adelante, según se detalla en la querella de la abogada Bhama Zúñiga, el Administrador expresa su apoyo hacia Durán, pero le propone que puede “detener” el sumario en su contra: “He hablado con personas del área de Educación y me han comentado sobre su compromiso en el servicio público. Todo indica que los resultados de un sumario administrativo podrían concluir en su destitución. Vengo a proponer que, si usted tiene la capacidad de dejar su puesto en un plazo razonable, yo puedo suspender la investigación y dejar el asunto en manos del Ministerio Público.”
Torres también aclara: “Porque las responsabilidades administrativas y penales son diferentes en la administración pública. Esto podría resultar en consecuencias financieras graves, e incluso una inhabilitación para ocupar cargos públicos por un mínimo de cinco años, dependiendo de la gravedad de los delitos.”
Torres le brinda a Durán la oportunidad de analizar la situación y tomar una “decisión”. “Si necesita una copia de la denuncia y desea consultar a un abogado de su confianza para verificar lo que le digo, puede hacerlo y tomar una decisión dentro de un plazo razonable. Hay aspectos relacionados con negligencia, pero en el ámbito de la administración pública, el abandono de deberes es evidente”, comentó.
Por otro lado, también se reproduce la respuesta de Alejandro Durán, quien rotundamente se niega a renunciar. “Dentro del departamento no se ha robado ni un peso. Puede haber errores administrativos, como en cualquier servicio público. La Contraloría nos auditó, estuvo aquí durante más de dos años y hay un informe al respecto. Luego, la Unidad de Control nos auditó, y hay otro informe. También hubo auditorías por parte de una empresa externa en Santiago, y contamos con informes de esas auditorías”, dice el suspendido funcionario.
El comunicado de la municipalidad
Con Información de www.lavozdepucon.cl
