Constanza Basoalto Riveros: Abogada y profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Diego Valdés Quinteros: Abogado y profesor instructor de Derecho Procesal en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Maule y Universidad Santo Tomás.
La integración de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito jurídico, tanto en el entorno académico como profesional, no es algo nuevo ni se limita a una realidad local. Su utilización se manifiesta en diversas áreas, desde la redacción de trabajos académicos y escritos judiciales hasta en la propia judicatura, aunque también plantea múltiples retos.
Un reciente incidente en la capital nacional ilustra claramente algunos de estos desafíos. Un abogado empleó IA para presentar en un tribunal jurisprudencia falsificada que sustentaba su argumentación. Este hecho fue descubierto por la parte contraria, que pidió sanciones disciplinarias, argumentando que dicha acción contravenía el principio de buena fe procesal. Aunque el tribunal decidió no imponer medidas disciplinarias, el evento resalta la imperiosa necesidad de reflexionar sobre el uso ético y responsable de la tecnología en el ejercicio profesional.
Un caso similar se dio en Estados Unidos, en el juicio Mata versus Avianca[1], donde los abogados demandantes enfrentaron sanciones tras descubrir que habían citado jurisprudencia falsa, la cual resultó de una consulta hecha en chatGPT.
Ante este panorama, como educadores, abogamos por no demonizar la IA, sino por promover su uso responsable tanto en el ámbito académico como profesional. Esto conlleva reforzar la capacitación en el uso de bases de datos oficiales y enfatizar la importancia de verificar la información obtenida de fuentes no oficiales. Si bien la tecnología ha aumentado la disponibilidad de datos, también ha llevado a minimizar la práctica de validar rigurosamente la procedencia de la información. En el campo del derecho, donde las fuentes formales y materiales son esenciales para fundamentar cualquier argumento, esta es una carencia crítica.
El correcto manejo de las fuentes es vital en la práctica del derecho, así como en la enseñanza e investigación jurídica. La incorporación de herramientas tecnológicas como la IA debe ir de la mano con un compromiso hacia la ética, la responsabilidad y el respeto por las fuentes oficiales, que son pilares fundamentales para garantizar una práctica jurídica confiable y transparente. En este sentido, la Carta Ética Europea sobre el uso de IA en sistemas judiciales, promulgada en 2018 por el Consejo de Europa, establece ciertos principios éticos relacionados con el uso de la IA en contextos jurídicos. En el contexto de los casos mencionados, resalta la importancia de asegurar la calidad y seguridad en el procesamiento de decisiones y datos judiciales, enfatizando la necesidad de recurrir a fuentes certificadas y datos verificables.
Además, debemos considerar la ausencia de una regulación específica en este ámbito, a pesar del proyecto de ley que se encuentra actualmente en tramitación. Este proyecto se basa en el Reglamento 2024/1689 del Parlamento Europeo y menciona como IA de alto riesgo ciertos usos vinculados a la administración de justicia, especialmente en el área penal. Este enfoque es seguido por el proyecto chileno, especialmente en su artículo 4°.
Teniendo en cuenta estos deberes éticos y el futuro marco legal que se espera que pronto entre en vigor en nuestro país, es crucial hacer un llamado a la responsabilidad y lealtad en el uso de la IA, recordando lo que Couture señala: “alguna que otra vez, debe confiar en lo que tú le invocas.”
[1] Mata v. Avianca, Inc., 678 F. Supp. 3d 443 (S.D.N.Y. 2023)
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