Con el fin de asegurar el pago efectivo de las pensiones alimenticias pendientes en el país y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género promovió en 2022 la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, una medida prioritaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esta normativa, aprobada durante el primer año de su gestión, comenzó a aplicarse en mayo de 2023, permitiendo que el Estado asuma un rol activo en la recuperación de los bienes del deudor. Además, se establecieron dos mecanismos para facilitar el pago de estas deudas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de pensiones.
Hasta octubre de 2024, poco más de un año después de la implementación de esta ley, el Poder Judicial reportó que los tribunales de familia habían ordenado el pago de más de $1 billón 360 mil millones de pesos mediante los mecanismos estipulados por la ley, lo que equivale a 33 teletones. A esa misma fecha, se había concretado el pago de más de $588.275 millones.
“El hecho de que se haya ordenado el pago de estas sumas implica que estos recursos ya habían sido localizados en las cuentas bancarias, instrumentos financieros o fondos de pensiones del deudor, gracias a las facultades que otorga la Ley de Pago Efectivo a los Tribunales. Estos recursos ya han sido pagados o están en proceso de pago”, aclara la ministra (s) de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo.
Los mecanismos de pago y las sanciones impuestas por la ley han facilitado que, hasta febrero de este año, se hayan realizado más de 132.541 cancelaciones de inscripciones de deudores en el registro, lo que significa que cerca del 45% de los deudores que ingresaron al Registro de Deudores ha pagado su deuda o ha llegado a un acuerdo de pago que ha sido aprobado por los tribunales.
En la actualidad, hay aproximadamente 268 mil deudores de pensiones de alimentos registrados. La ministra (s) Vidal indica que “este sistema ha generado mayor confianza en las mujeres para judicializar las deudas y exigir el derecho que merecen sus hijos e hijas. Para seguir avanzando, en el Ministerio de la Mujer estamos trabajando de forma constante con el Poder Judicial, la Comisión para el Mercado Financiero y las instituciones implicadas, ya que la implementación de la Ley de Pago Efectivo requiere un gran esfuerzo de coordinación entre entidades públicas y privadas, así como también desarrollo tecnológico”.
En este contexto, la autoridad resalta la importancia de mantener el pago sistemático de esta obligación, puesto que de lo contrario, se podría reincidir en el registro.
Región de Los Lagos: un 65 % de los deudores inscritos en el registro han pagado o han llegado a un acuerdo de pago
En la Región de Los Lagos, 8.010 deudores han salido del registro, ya sea por haber pagado o por haber alcanzado un acuerdo, lo que representa aproximadamente un 65% de quienes ingresaron desde su creación. Aún persisten 10.888 deudores con inscripción vigente.
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Macarena Gré Briones, expresó que “estamos muy complacidas al ver el avance en los comportamientos de pago en nuestra región. Ya en noviembre del año pasado, un 58% de los deudores había cancelado su inscripción en el registro. Hoy, ese porcentaje ha aumentado al 65%, lo que significa que más familias, lideradas en su mayoría por mujeres, están accediendo a estos recursos, aliviando la carga de mantener sus hogares solas. Gracias a este mecanismo, ya no son ellas las que deben perseguir el patrimonio del deudor. Nuestro trabajo consiste en seguir avanzando en su implementación”.
A esto se suman otras iniciativas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para reforzar el sistema, como el proyecto realizado en 2024 con la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana (CAJ), que permitió ofrecer representación judicial en más de 1.900 causas, ingresar más de 550 nuevas causas a tribunales, hacer más de 1.500 entrevistas de orientación e información, llevar a cabo 895 entrevistas judiciales para evaluar la viabilidad jurídica, y registrar más de 6.600 gestiones judiciales y/o extrajudiciales relacionadas con el avance procesal de las causas y la debida comunicación con las mujeres patrocinadas.
Asimismo, diversas instituciones se han sumado a este reto. Una de ellas es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que desde el año pasado considera la deuda de pensiones alimenticias como un criterio de clasificación socioeconómica, lo que permite a los hogares que no reciben la pensión que les corresponde reportar esta situación para que sea considerada al momento de acceder a los beneficios del Estado.
“Hoy estamos viendo los resultados de una iniciativa impulsada por este gobierno, que en muy poco tiempo ha permitido activar y articular la institucionalidad del Estado en favor de quienes cuidan a niñas, niños y adolescentes, que son principalmente mujeres, logrando que un alto porcentaje de deudores de pensiones alimenticias asuman la responsabilidad económica que ello conlleva y que durante años eludieron”, afirmó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón.
La autoridad añadió que “más allá de la restitución económica, que es ciertamente necesaria, es fundamental seguir avanzando en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, y al mismo tiempo, fomentar la discusión y reflexión sobre esta cuestionable actitud, para que en el futuro logremos minimizar este tipo de situaciones”.
“Como país, ahora contamos con una mejor institucionalidad para asegurar el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias, lo que está generando un cambio positivo respecto a un problema que han enfrentado miles de mujeres y niños a lo largo de nuestra historia, donde el Estado garantiza el pleno desarrollo y talento que surgen y habitan los territorios. De esta manera, seguimos creciendo como sociedad. Ya no están solas”, concluyó la autoridad.
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