Matías Barceló, investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins, junto a los académicos Claudia Rojas y Alejandro Venegas, llevaron a cabo un estudio con el objetivo de evaluar el estado y las proyecciones de la restauración ecológica y social en Chile, a partir del análisis de más de 90 iniciativas registradas por el Ministerio del Medio Ambiente.
La investigación destaca que, a pesar del aumento en iniciativas de restauración ecológica en la última década, los enfoques empleados han priorizado la reforestación, relegando a un segundo plano los aspectos socio-ecológicos y comunitarios.
Barceló menciona que “la mayoría de los proyectos se han centrado en la reforestación con especies nativas en terrenos altamente degradados, lo que ha dado lugar a un uso excesivo de riego, especialmente en la zona central y centro-sur del país. Estas regiones han sido severamente afectadas por incendios forestales, prolongadas sequías y plantaciones exóticas. Sin embargo, muchos esfuerzos se llevan a cabo sin una planificación integral que relacione la ciencia, las comunidades locales, los valores culturales y el sector privado”.
El investigador añade que un problema importante es “la escasa participación de las comunidades, cuya implicación muchas veces se limita a tareas operativas sin poder en la toma de decisiones. Sin embargo, consideramos que las comunidades locales tienen una valiosa oportunidad para ser parte activa del proceso, aportando su conocimiento tradicional de los ecosistemas, así como en la implementación y monitoreo de los proyectos”. Esto también refleja una “dependencia considerable del financiamiento privado, debido a la insuficiencia de subsidios estatales para la restauración ecológica”, enfocándose especialmente en programas de reforestación.
Una oportunidad para el cambio
La reciente creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) se percibe como una oportunidad histórica para modificar esta tendencia. “Esta nueva institucionalidad no solo permitirá desarrollar planes específicos para restaurar ecosistemas degradados, tanto en áreas protegidas como fuera de ellas, sino que también fomentará la participación de las comunidades locales”, señala Barceló.
En cuanto al papel de las comunidades locales e indígenas, Barceló subraya que “su participación ha estado restringida a acciones aisladas como la plantación de árboles o la recolección de semillas, sin que haya un espacio real para su inclusión en la planificación, la gobernanza o la definición de objetivos de restauración ecológica, que deberían ir más allá de la mera reforestación”. Propone la creación de “mecanismos de co-gestión, y ofrecer herramientas y apoyo técnico a las comunidades, promoviendo así la corresponsabilidad en la toma de decisiones sobre los ecosistemas que habitan y protegen”.
El investigador también resalta que hay una deuda significativa con los ecosistemas marinos. “Estos han estado prácticamente ausentes en las políticas de restauración chilenas, a pesar de la vasta costa del país y su rica biodiversidad marina”. Esta omisión se debe en parte a “la fragmentación institucional que separa la gestión terrestre de la marina, así como a una política pública que ha estado enfocada históricamente en la restauración forestal”.
Iniciativas como el Proyecto Kintu —que busca la reintroducción del guanaco como especie clave para restaurar ecosistemas mediterráneos— y la colaboración entre científicos del Instituto SECOS y pescadores de caleta Horcón para repoblar macroalgas, son ejemplos concretos de buenas prácticas que integran ciencia y conocimientos locales, involucrando activamente a las comunidades y promoviendo soluciones que restauran funciones ecológicas.
“Estos casos demuestran que, cuando se combinan ciencia, saberes locales y participación ciudadana, los procesos de restauración pueden tener un impacto profundo y perdurable”, concluye Barceló.
El estudio adquiere particular relevancia en el marco de la Década de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021–2030), que llama a revertir la degradación ambiental a nivel global. En Chile, el Plan Nacional de Restauración de Paisajes busca restaurar al menos un millón de hectáreas degradadas, pero enfrenta numerosos desafíos técnicos, políticos y financieros. “Más allá de los detalles, el principal reto es convertir la ambición del plan en procesos concretos, inclusivos y sostenibles en el tiempo”, subraya el investigador.
Finalmente, Barceló resalta los beneficios sociales y culturales que puede aportar una restauración con enfoque socioecológico: “Este tipo de enfoque fortalece los lazos entre las comunidades y sus territorios, revitaliza prácticas culturales relacionadas con la naturaleza y ayuda a construir identidades locales basadas en el cuidado del entorno”.
Con Información de osornoenlared.cl
