La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ha enviado un oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) instando a que “advierta” al Gobierno sobre el cumplimiento de la obligación legal de “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
En el documento dirigido a la directora del INDH, Consuelo Contreras, en el contexto de los “hechos de violencia contra la mujer que involucran al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y al Presidente de la República, Gabriel Boric”, los diputados piden que se exhorte al Ejecutivo a “asegurar las garantías de las mujeres víctimas denunciantes”.
Adicionalmente, los diputados han solicitado que el INDH envíe un informe a la Comisión Interamericana de Mujeres.
En el oficio se argumenta que las acciones del Gobierno, en particular de las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, “han profundizado la crisis en detrimento de la víctima, adoptando medidas y realizando declaraciones de manera tardía y errática”.
Los parlamentarios opinan que este comportamiento pone en entredicho la autoproclamada condición de “gobierno feminista”, “que en estos casos parece más bien favorecer a los denunciados”.
Referente al caso del exsubsecretario, se menciona que no se implementaron medidas de protección para la víctima desde el principio, por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género o su servicio dependiente, mientras la denunciante enfrentaba hostigamientos y acosos, incluso amenazas por parte de personas que también podrían haber estado vinculadas al gobierno, con posibles instrucciones del ex subsecretario. Además, se menciona que pocos días después de la denuncia, se emitieron “expresiones de solidaridad y apoyo del Presidente y las ministras implicadas”.
Asimismo, destacan que al menos 12 funcionarios estaban al tanto de los hechos que se le atribuyen a Monsalve, “sin que se estableciera ningún mecanismo de denuncia y protección”.
En relación con la denuncia contra el Presidente, los diputados sostienen que la respuesta del Gobierno “ha sido nuevamente combativa y ha desacreditado a la propia denunciante”, revelando su identidad, intercambios de comunicaciones privadas entre ella y el mandatario, su historial policial y detalles de su vida personal. “Todos estos hechos han sido divulgados por el Gobierno con el fin de deslegitimar su denuncia”.
Por otro lado, comentaron las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, quien dijo que la denuncia fue “detectada” desde el Gobierno, y los parlamentarios manifestaron que esto “podría implicar acciones ilegales, dado que este tipo de denuncias e investigaciones son confidenciales y el acceso sólo se autoriza a los involucrados”.
De esta manera, los diputados concluyeron que tanto en el caso de Monsalve como en la denuncia contra el Presidente Boric, las reacciones hacia las denunciantes “representan un grave incumplimiento de las obligaciones que establece” la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl