La regionalización ha sido un tema recurrente en la agenda política de Chile durante décadas. Este proceso busca dotar de mayor autonomía y capacidad de decisión a las diferentes regiones del país, permitiéndoles desarrollar políticas públicas y tomar decisiones que respondan a las necesidades y características específicas de cada área geográfica.
No obstante, en la práctica, la regionalización ha avanzado de manera lenta y con logros limitados. Aunque se han establecido regiones y se ha realizado la elección de Gobernadores Regionales por primera vez, los Gobiernos Regionales aún carecen de los recursos y la capacidad necesaria para abordar decisiones cruciales en áreas como la educación, la salud, el transporte y el medio ambiente, entre otros aspectos fundamentales para el desarrollo.
En este escenario, los delegados presidenciales, designados por el presidente de la República, tienen la misión de coordinar y optimizar el trabajo de los servicios públicos en las diversas regiones del país. Sin embargo, no está claro hasta qué punto estos delegados tienen verdaderas atribuciones de mando o, al menos, de coordinación en relación con los seremis. A su vez, los seremis, en su rol de representantes de los ministerios, interactúan con las prioridades establecidas por el Gobierno regional (Gobernador y Consejeros Regionales), lo que puede complicarse cuando las políticas nacionales difieren de las necesidades locales.
También se discute la posibilidad de eliminar la figura de los delegados, un paso que podría ser significativo hacia la descentralización, aunque plantea una serie de interrogantes que deben abordarse antes de proceder. Por ejemplo, cómo se gestionará la coordinación a nivel local entre los diversos servicios del estado, o si los seremis se convertirían en pequeños ministerios en cada región en lugar de continuar como representantes del poder central. Si esta última opción se confirma, sería más sensato contemplar un estado federal en lugar de implementar soluciones temporales que no brinden claridad sobre su ejecución práctica.
A pesar de todo, es esencial continuar desarrollando el proceso de regionalización y fortalecer la autonomía de las regiones. Para ello, es necesario asignar más recursos y atribuciones a los gobiernos regionales, así como establecer mecanismos efectivos de coordinación entre ellos y los servicios públicos. Sin embargo, se debe considerar a los gobiernos regionales como un ente completo, donde los Consejeros Regionales (Cores) cuenten con mayores atribuciones y participación, y no solo se dependa del Gobernador. Este último, en la práctica, carece de un contrapeso institucional que regule su actuar más allá de las normas legales. Actualmente, la voluntad del delegado es lo que determina si un proyecto se discute y se financia por el Core. Si un proyecto no resulta del agrado del delegado o no proviene del entorno del Gobernador, a pesar de contar con el apoyo unánime del Core y de los Seremis, e incluso de los 33 alcaldes, simplemente no será considerado en el Consejo Regional.
Luis Fernando González V
Subdirector.
Con Información de www.elrancaguino.cl
