Luego de un sumario administrativo, la Municipalidad de Santiago tomó la decisión de destituir a la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, por graves faltas a la probidad administrativa y negligencia en el ejercicio de sus funciones, en relación a un incidente de violencia escolar que tuvo lugar en el establecimiento.
La investigación se inició el 21 de agosto de 2025, después de que un estudiante de tercero medio fuera brutalmente agredido por un grupo de alumnos de cuarto medio dentro de una sala, en el contexto de una funa que circuló en redes sociales.
Según las conclusiones de la investigación, la autoridad de la institución no implementó las medidas adecuadas para proteger la integridad del estudiante, no realizó la denuncia obligatoria al Ministerio Público dentro de las 24 horas posteriores al hecho y tampoco alertó a la Dirección de Educación Municipal (DEM) de manera oportuna, fallando en seguir los protocolos de seguridad escolar y las responsabilidades impuestas a los directores de los establecimientos públicos.
El sumario determinó que estos actos constituyen una violación del artículo 8° de la Ley N°18.575 sobre Probidad Administrativa, la cual exige que se actúe con eficiencia, eficacia y legalidad en el ejercicio de funciones públicas.
Durante el proceso —que garantizó completamente los derechos del debido proceso—, la exrectora presentó una lista de 45 testigos, incluyendo al exdirector de Educación Municipal, Rodrigo Roco, y a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien no llegó a declarar.
De esos testigos, 12 ofrecieron su testimonio, entre ellos profesores, exalumnos, apoderados y representantes del centro de estudiantes. Se realizaron diligencias de careo y se revisó la documentación institucional, asegurando así la transparencia y rigor del proceso de investigación.
Los alegatos de la exrectora incluyeron denuncias de discriminación por género y persecución política, las cuales fueron desechadas en el transcurso de la investigación, que concluyó que el procedimiento se inició sólo debido a la agresión sucedida en el establecimiento y no por motivos ajenos a los hechos en cuestión.
Finalmente, la Municipalidad de Santiago anunció que la medida de destitución se llevó a cabo de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto Docente, que regula la relación laboral de los directores de los establecimientos públicos bajo su jurisdicción.
(Imagen: La Tercera)
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