Por Cristian Álvarez
Este jueves, después de escuchar los alegatos, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó poner en prisión preventiva a los líderes de la disuelta fundación Procultura y a una funcionaria del GORE Metropolitano. La decisión se basa en la falta de solidez en las pruebas y los cargos que se querían presentar en contra de estos imputados. Desde el Ministerio Público y los demás querellantes esperan revertir esta situación con el desafuero del gobernador Claudio Orrego, que se revisará la próxima semana. Por su parte, los defensores de los acusados hablaron de exageraciones y presentaciones de pruebas cuestionables.
Este caso ha dado mucho que hablar, con harto papel y polémicas de por medio. El jueves se sumó un nuevo capítulo, que podría ser el inicio del fin de la investigación sobre esta causa, al menos en este aspecto que ha complicado la gobernanza de la Región Metropolitana. Nuevamente se rechazó la prisión preventiva para los encargados de la disuelta fundación “Procultura”, la que está en el centro del problemático “Caso Convenios”.
Esta mañana, desde las 10:30 AM, los jueces de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por José Pablo Rodríguez, Matías De la Noi y Mauricio Rettig, leyeron la resolución del caso después de los alegatos de ambas partes, donde los querellantes incluyen al Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la UDI, y los representantes de los denunciados, destacando al fundador de la fundación, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, ex representante legal de la ONG, y Evelyn Magdaleno, ex jefa de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano. La Fiscalía pedía la prisión preventiva para todos ellos, pero volvió a ser rechazada por las debilidades en diversas líneas, especialmente en la solidez de las pruebas y la calificación de los delitos. Los jueces indicaron en su resolución: “Esta Corte estima que, sin perjuicio de la necesidad de investigar y esclarecer los hechos vinculados a la administración y destino de recursos transferidos, la calificación jurídica sostenida por los recurrentes presenta, en esta etapa, debilidades relevantes que inciden en la justificación cautelar del hecho punible…”, y es que la mera condición de ser parte de una fundación de derecho privado y recibir financiamiento estatal no convierte por sí a sus miembros en empleados públicos.
Las reacciones tras la decisión mostraron un optimismo cauteloso por parte de los abogados de los principales imputados. Cristian Arias, defensor de Alberto Larraín, rechazó las investigaciones, señalando que el Ministerio Público ha inflado un caso sin pruebas concretas y no dudó en mencionar la amistad entre su cliente y el gobernador Orrego: “Es evidente que el Ministerio Público no tiene un caso, y la decisión del juez estaba muy bien fundamentada, como la resolución de la Corte, a diferencia de algunos que hablaban sin fundamento. Cuatro jueces, con sólidos fundamentos, han dicho que el Ministerio Público no tiene un caso. Todos saben que hubo relaciones laborales previas. Es evidente.” Más directo fue Sebastián Soto, abogado de María Constanza Gómez, quien acusó nuevamente la presentación de pruebas falsas que el Ministerio Público debe explicar: “Él solicitó en base a antecedentes falsos, lo que se estableció en primera y en segunda instancia. Vamos a solicitar la nulidad de la incautación realizada y evaluaremos las acciones a seguir.”
A pesar de este revés, desde los querellantes expresaron su esperanza en conseguir el desafuero del gobernador Claudio Orrego para respaldar sus acusaciones. El fiscal Christian Aguilar, aunque poco comunicativo, apuntó que varios de los argumentos presentados hoy se incorporarán en documentos para la audiencia que permita investigar más a fondo al exministro de Vivienda: “No tengo comentarios por ahora. La audiencia para el desafuero está agendada para el próximo martes 17 de febrero. Todos los antecedentes están en la petición de desafuero presentada en la Corte. Esa es una situación que deberá resolver el tribunal.” El abogado de la UDI, Pablo Toloza, añadió que confían en este desafuero para acusar directamente: “Sobre el delito de fraude al fisco, hay que ver qué pasa la próxima semana, porque si Claudio Orrego es desaforado, esa parte estaría resuelta y sería importante para el caso.”
El próximo jueves, se revisará en alguna sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el recurso de desafuero contra el gobernador regional, quien la semana pasada criticó los procedimientos del Ministerio Público. Si su desafuero es finalmente rechazado, fuentes judiciales aseguran que el próximo objetivo de la investigación será la recuperación de los $1.000 millones asignados a Procultura para el programa “Quédate” que aún se encuentran perdidos.
Con Información de radioportales.cl
